Casos que han puesto en el ojo público los gobiernos priistas y desfalco de arcas en los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció ante la creación de una comisión u órgano interno para el combate a la corrupción y la impunidad.
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, anunció que analizan poner en marcha una instancia que atienda los casos de priistas señalados por actos de corrupción, “los militantes de este partido serán los primeros en señalar los casos de gobernantes que falten a la ciudadanía”.
La finalidad del órgano anticorrupción será de igual manera para prevenir la impunidad, “estamos analizando las mejores prácticas internacionales que tienen otros partidos, para poder diseñar la mejor dentro del partido", dijo.
El presidente tricolor apuntó que la ciudadanía demanda acciones distintas y novedosas por lo que alistan tener una propuesta concreta, "Hoy tenemos distintas estructuras que vigilan la ética o el comportamiento de los militantes, pero necesitamos ir más allá”.
Cuestionado sobre los casos de corrupción de los gobiernos priistas de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, también se le pregunto sobre los tiempos para procesar la solicitud de expulsión de los gobernadores priistas.
En el asunto del veracruzano Javier Duarte, el dirigente nacional, pidió esperar a la presentación de pruebas concretas para determinar si será sancionado, ya que para cualquier denuncia los mismos procesos internos reclaman la aportación de pruebas.
Por otra parte Ochoa, también respaldó la decisión del de no publicar la declaración 3de3 presentada por el gobernador de Veracruz, consideró que la revisión del Instituto es un "procedimiento responsable".
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, avaló la decisión del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de no publicar la declaración patrimonial del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por estar en curso investigaciones legales en su contra.
Además aseguró el PRI tiene que ser muy firme para no establecer como sus candidatos a personas que tengan problemas o señalamientos de corrupción; pero también ser defensores de sus candidatos, que al calor de las contiendas electorales sean señalados, de manera injusta, por actos que no cometieron.