Varias ocasiones la administración donde pronto asumirá el mando Toni Galy, ha echado las campanas al vuelo poniéndose la medalla de combatir el hurto de hidrocarburos en varios municipios de la entidad. Hecho que de ser así, se debe motivar y aplaudir, pero a la vez, lo logrado en el combate al crimen por ese concepto dista mucho de
lo que se debe hacer. Ello supone que los funcionarios que van de salida quieren llamar la atención de los entrantes para proseguir en el cargo diciendo que todo está bien, cuando no lo es.
Si bien es cierto que entre las acciones que se publicitan como logros del estado de Puebla en el combate al hurto petrolero, refieren que en Tecamachalco, Los Reyes de Juárez, Acatzingo y Quelcholac se recuperaron 6 mil litros de combustible, se aseguraron 5 vehículos, 6 personas y 12 indocumentados, también lo es que el esfuerzo no impacta significativamente ni demuestra que se esté haciendo lo correcto en la entidad, pues es en ésta donde en los últimos años ha crecido de modo preocupante ese crimen, por la falta de acción policial bajo la coordinación interinstitucional y en apoyo a los rondines y labor de salvaguarda de las instalaciones de la empresa petrolera realizadas por la autoridad federal.
Cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado donde el General Zaragoza derrocara a los franceses se echó confeti sola, se hace más notoria la serie de incidencias lamentables y pérdidas millonarias en el sector energético acontecidos en esa entidad:
El 19 de diciembre de 2010 una fuga en un ducto de Pemex provocó explosiones en San Martín Texmelucan que costó la vida a 30 personas, además de los 52 heridos y el daño a 80 viviendas, consecuencia de una toma clandestina que no se advirtió. Cinco Días después, también por otro derrame de diésel y combustóleo, se desalojó en Ahuazotepec a toda una comunidad que corría peligro ante la posibilidad de una explosión.
Meses después, el derrame de diésel por una fuga clandestina que se expandió sobre campos de cultivo, dañando siembras y cosechas en San Antonio Mihuacan, municipio de Coronago, Puebla.
Apenas en Marzo de este año, pacientes y personal del Hospital General de Tepeaca, fueron desalojados ante derrames de gasolina, y para los que dicen que todo está bien, en febrero del 2011, policías de Amozoc fueron aprehendidos por elementos del ejército, personal de la empresa y de la Procuraduría General de la República, por participar en la ordeña de ductos petroleros en San Miguel Espejo.
En Tlalancaleca y Tlahuapan detectaron que 14 uniformados se coludían con delincuentes en el robo de hidrocarburos, lo que requirió intervención de la federación para enfrentar la situación. En la tierra de los hermanos Serdán no pasa desapercibido el constante enfrentamiento armado entre grupos de chupaductos y la creciente delincuencia en el rubro, por falta de seguridad.
A tal grado ha llegado el nivel de corrupción que éste alcanzó al director general de la Policía Estatal en Puebla y al encargado del Grupo de Operaciones por tener presuntos vínculos con la ordeña de hidrocarburo.
Durante agosto del año pasado una pareja murió acribillada a causa de esos conflictos en Palmarito Tochapan, municipio de Quelcholac, además de que en Acatzingo rafaguearon a elementos de la Procuraduría General de la República, hiriéndolos y los atacantes lograron escapar.
Claro que la tarea no es fácil, varios elementos municipales y estatales han perdido la vida, pero no todos ellos en el cumplimiento del deber, algunos, al extorsionar a los implicados en el delito comentado; incluso, al ser común el incendio de vehículos en la entidad, la legislatura ha señalado tener conocimiento de que 15 bandas de chupaductos se disputan la región, sin que sea suficiente la labor ni que se pueda hacer gran cosa al respecto por la policía de la entidad.
La omisión e ineficacia de la autoridad estatal ha dejado en alto riesgo a varias comunidades que denuncian o se oponen al delito de la ordeña. Hay hechos como los registrados en San Matías Tlalancaleca, donde los ordeñadores de ductos rafaguearon a policías e integrantes de la comunidad, o como en Acatzingo, donde la agresión por parte de los chupaductos tuvo lugar en un evento masivo.
Por todo ello, es recomendable que en lugar de triunfalismo local, o de celebrar la autoridad estatal algo pequeño contra lo mucho que debe hacer, sería bueno que la administración entrante dimensione la gravedad del problema, se reconozca lo que hace falta hacer y participe más, de manera coordinada, en el ámbito de su competencia, con la intensa labor que llevan a cabo las instancias correspondientes de la autoridad federal.