La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció las acciones de coordinación del gobierno mexicano para dar con el paradero y lograr la detención del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Manifestó sin embargo que los mexicanos exigen de las autoridades un proceso legal, eficaz y expedito para determinar la responsabilidad en los delitos de los que es señalado y sancionar conforme a derecho.
Agregó que las denuncias que pesan contra Borge Angulo deben ser investigadas y documentadas a fondo, y puntualizó que de comprobarse las acusaciones, es inadmisible que su actuación haya afectado no sólo al erario, sino que sea señalado por afectaciones patrimoniales en el estado y a particulares.
"El daño patrimonial y de recursos públicos causados durante la administración del exgobernador Roberto Borge deben ser, en su caso, restituidos en su totalidad", advirtió.
El organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther añadió que las autoridades tienen la responsabilidad de investigar además la red de corrupción que tendieron él y sus cómplices para cometer estos delitos.
Refirió que los responsables de la indagatoria deben garantizar que en el marco legal y haciendo valer los acuerdos internacionales con Panamá, se agilice la presentación del exgobernador ante juzgados en México para que responda por sus actos.
"Los mexicanos exigimos de los gobiernos en todos los niveles un absoluto compromiso en la lucha contra la corrupción", enfatizó.
El proceso legal que se le dará al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, debería ser eficaz y expedito para determinar la responsabilidad en los delitos de los que es señalado y sancionar conforme a Derecho, declaró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián López Sánchez.
“Las denuncias que pesan en su contra deben ser investigadas y documentadas a fondo. De comprobarse las acusaciones, es inadmisible que su actuación haya afectado no sólo el erario público, sino sea señalado por afectaciones patrimoniales en el estado y a particulares”, señaló.
Aunque reconoció las acciones de coordinación del Gobierno mexicano para dar con el paradero y lograr la detención del ex mandatario, insistió en que el daño patrimonial y de recursos públicos causados durante su administración deben ser restituidos en su totalidad.
Para ello, consideró que se debe hacer una investigación a fondo de la red de corrupción que tendió él y todos sus cómplices para cometer los delitos y hacer valer el Estado de Derecho para que nunca más se repitan actos de corrupción de esta índole.
“Los responsables de la investigación deben garantizar que en el marco legal y haciendo valer los acuerdos internacionales con Panamá, se agilice la presentación del ex gobernador ante juzgados en México para que responda por sus actos. Los mexicanos exigimos de los gobiernos en todos los niveles un absoluto compromiso en la lucha contra la corrupción”, puntualizó.
En otro tema, sobre el Sistema anticorrupción, reconoció que hay elementos que se pueden mejorar en el estado para que sea un ente más ciudadano, pero que lo más importante es que se está generando un diálogo y una apertura para la integración del mismo y los nombramientos de quienes estarán al frente.
“En algunos casos preferiríamos que tendiera más hacia lo ciudadano… Lo que no queremos es que los partidos intervengan, quienes van a operar en el sistema local sean propuestos por la ciudadanía. Todo se ha tratado a parlamento abierto y en ese sentido hay disposición, creo que el único tema que destacaríamos es que al final la propuesta sí viene del ejecutivo, pero viene con base a la discusión que se tiene con la ciudadanía”, finalizó.