Guadalajara.-La Fiscalía de Jalisco negó hoy actos de espionaje pese a comprar en 2015 un programa para intervenir comunicaciones parecido al que se habría usado, según un artículo de The New York Times, para vigilar a periodistas, activistas y
defensores de derechos humanos.
"En Jalisco no hay alguna prueba, alguna razón para que se pudiera mencionar que se invade la vida pública o privada de alguna persona", aseguró el fiscal general de estado Eduardo Almaguer.
El fiscal sostuvo que Jalisco "es ajeno" a esta práctica al comentar el artículo divulgado el lunes por el diario The New York Times que denunció el espionaje del Gobierno federal mexicano a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.
Almaguer sostuvo que Jalisco cuenta con "instrumentos de investigación" que son diferentes a los que presuntamente posee el gobierno federal, y explicó que estos solo se usan en casos de desapariciones, extorsiones y secuestros.
"En Jalisco todos los instrumentos de investigación que se tienen del área de inteligencia son utilizados siempre bajo los protocolos que marca la ley y también bajo la autorización de un juez de control", concluyó.
Según The New York Times, el Gobierno federal intervino teléfonos de personas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y diversos activistas con el programa informático "Pegaso" que es vendido exclusivamente a gobiernos.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó el contenido del reportaje y pidió que se presenten las denuncias ante las autoridades para investigar si hay elementos al respecto.
"Rechazamos que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONG", señaló Osorio Chong en una rueda de prensa en el estado de Sinaloa.
En 2015, la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) denunció que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría del Estado de México y el Gobierno de Jalisco compraron un sistema para intervenir comunicaciones a una empresa italiana.
La información de R3D detalló que otros clientes que compraron este programa fueron los Gobiernos los estados de Puebla, Durango, Yucatán, Campeche, Tamaulipas y Querétaro, además de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
La compra incluía el sistema informático "Galileo" y la capacitación para operarlo con un costo de unos 13 millones de pesos mexicanos (unos 716 mil dólares) y permitía infectar computadoras y teléfonos celulares para vigilar conversaciones, llamadas y aplicaciones.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy el espionaje a periodistas y medios que lo calificó como un "serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, el mexicano Roberto Rock, condenó el "uso de este mecanismo que constituye un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa".