Expertos y funcionarios se pronunciaron por trabajar en la inclusión de medidas cautelares, dentro del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que no sólo busque reparar el daño, sino atender al imputado en caso de ser adicto a alguna sustancia; en la mayoría de casos delinquen para adquirir más psicoactivos.
La presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, diputada Leticia Amparano Gamez (PAN), afirmó: buscar un modelo de justicia alterna y tratamiento para personas adictas responsables de delitos “no es inventar el hilo negro”, actualmente se aplican en diferentes entidades del país diversos programas que han funcionado.
Al Clausurar el foro “Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas. Actualidad y retos para su progreso en México”, llamó a atender las adicciones de manera humana y profesional, sin olvidar los derechos de las personas.
“Trabajamos desde la comisión en una iniciativa de Ley Integral de Salud Mental y una propuesta en adicciones para que no le cueste un peso al gobierno”, anunció.
Pidió laborar desde los diferentes Poderes, para llegar con una propuesta para la asignación del presupuesto que garantice la atención a adicciones.
José Antonio Gallegos, de la Dirección de Modelos de Información Gubernamental, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señaló que a nivel local en promedio de cada mil reos, 272 sufrieron actos de corrupción durante su arresto, 147 a su paso por el ministerio público; durante el proceso judicial, 58, y en el centro penitenciario 108.
Mientras que a nivel nacional, el promedio es de 393 por cada mil reos los que experimentaron la corrupción durante su proceso judicial, siendo Oaxaca, Estado de México, CDMX, Puebla, Tlaxcala y Tabasco, donde mayor número casos se presentaron. Entre los más comunes está exentar el pase de lista, con 66.4 por ciento; la posesión de aparatos electrónicos, con 50.2; cambiar de celda, con 42.4, y salir al patio de visitas, con 37.3, entre otros.
De este delito, el 87.4 por ciento lo cometen los custodios, 36.1 parte de los internos y 6.3 por el personal administrativo; sin embargo, el 94.2 por ciento de las personas privadas de la libertad no presentaron ninguna queja, en su mayoría por miedo a represalias.
Agregó que uno de cada 4 reos experimentó algún conflicto dentro del centro penitenciario, el 73 por ciento con sus compañeros de celda, otro 52 por ciento con custodios.
De ellos en el 65.7 de los casos fueron golpes; 23.6, heridas con algún tipo de arma y 22.3 daños materiales. “El 29.6 por ciento de internos fue víctima de robo de objetos personales, 24.6 de lesiones, 20.1 de extorsiones, 18.3 de amenazas, y el 5 por ciento de delitos sexuales”, alertó el funcionario.
La directora de Cooperación Internacional, de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Berenice Santamaría González, afirmó que 60 por ciento de personas ingresadas al sistema de impartición de justicia por delitos menores tiene un problema de consumo de sustancias. “Las personas que por su adicción requieren de más sustancia se ven en la necesidad de cometer algún ilícito para poder comprarla”.
“La relación delito-droga responde a un esquema multicausal que no puede ser abordado de una manera simplista, no puede hablarse de que delinquen porque consumen o que consumen porque delinquen”, comentó.
Los factores son determinados por circunstancias sociales como familia, pobreza o trabajo. Planteó construir un esquema de política de salud social que incluyan temas de justicia y seguridad.
En su turno, Humberto Veras Godoy, director general de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Secretaría de Gobernación (Segob), consideró el tema de la reinserción social de reos amplio y complejo; si se delimitan los grupos objetivos, se conseguirán las metas buscadas.
“Los cambios no se pueden realizar con ordenamientos ni legislación, sólo se lograrán sumando esfuerzos, como los que hoy se escuchan de los diferentes sectores involucrados y con el compromiso de los servidores públicos”.
“Debemos contar con elementos de financiamiento que permitan apoyar prácticas exitosas y difundir las acciones que puedan establecerse en beneficio de la justicia terapéutica”, sostuvo.
Karelly Villanueva Escamilla, directora de Vinculación y Seguimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la SEGOB, aseguró que el nuevo modelo de impartición de justicia “no es una puerta giratoria”, pero es necesaria la capacitación para que éste no dé marcha atrás y regrese al antiguo sistema que duró 75 años, ya que “necesitamos reinsertar, no estigmatizar”.
Cuestionó si es necesario encarcelar a una persona que cometió un delito culposo donde haya lesiones graves por manejar en estado etílico o intoxicado, y exponerlo a un ambiente “donde se puede contaminar”, cuando existe la alternativa de que esa persona se someta a un tratamiento contra adicciones y vuelva a formar parte de la sociedad.
“Antes los íbamos estigmatizando y separándolos de la sociedad ¿De qué nos sirve tener una persona encarcelada por delito culposo, pero si no se atiende el problema que lo originó, ni el culpable puede atender a su familia, ni reparar el daño causado?”
Mario González Zavala, especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, comentó: las personas con adicciones más severas no se atienden en algún centro de salud, no los aceptan o “son tratados y botados a la calle”, ya que en muchos casos no cuentan con sistemas para tratamientos por abstinencia, ni pueden atenderlos contra su voluntad.
“Las personas se van a grupos de organizaciones civiles -hay unos muy malos y otros muy buenos-, que dan soporte a gente que si la dejamos en la calle se dedican a cometer delitos para conseguir más droga. No podemos cerrar los anexos”.
El coordinador general del Programa de Justicia Terapéutica, de la Fiscalía General de Chiapas, Miguel Ángel Sánchez Tovar, explicó que desde los separos se generan pruebas y valoraciones, así como la condición provisional del proceso, por lo que al mes llevan a audiencia a 20 personas para Criterio de Oportunidad y otras 20 para Suspensión Condicional.
La Magistrada Guillermina Jiménez, consejera del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, pidió trabajar en la vinculación de la Unidad de Medidas Cautelares con los jueces y fiscales encargados de casos de justicia terapéutica, para que actúen y no exista impunidad, hay gente a la que se le concedió medidas fuera de la prisión, pero que no acatan lo ordenado.
“Las personas con adicciones tienen problemas con la autoridad, una vez en la calle olvidan las obligaciones que adquirieron”, señaló.
Por último, Fabián Acosta Cisneros, de la Defensoría Pública del estado de Nuevo León, destacó que la justicia terapéutica se ocupa de los efectos del proceso judicial en la salud de una persona, pero falta reforzar el tratamiento del imputado.