La Ley de Extinción de Dominio de la Ciudad de México vulnera la estructura financiera de las organizaciones delictivas para despojarlas de los bienes utilizados en actividades que laceran a los capitalinos, coincidieron representantes de organizaciones internacionales de la sociedad civil.
Durante la inauguración del Seminario Internacional de Extinción de Dominio, destacaron la importancia de promover el intercambio de prácticas que debilitan al crimen organizado.
El representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México, Roberto Martínez Yllescas, destacó que además de disminuirlos, "devolvemos los bienes incautados a la sociedad a través de sus autoridades y aumentamos el nivel de confianza en las instituciones gubernamentales".
En el Ex Templo de Corpus Christi, indicó que después de la crisis financiera de 2008, entre los países de la OCDE disminuyeron los niveles de confianza por la percepción de inseguridad.
En tanto, el subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Jorge Antonio Mirón, resaltó la eficacia de la Fiscalía de Extinción de Dominio, donde se realizan diversos procesos ante jueces civiles.
En presencia de estudiantes, académicos y líderes sociales, el director general de Servicios Legales, Emmanuel Néquiz Castro, informó que el gobierno capitalino entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su respuesta a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley de Extinción de Dominio local.
Puntualizó que ante las impugnaciones sobre las artículos 2 fracción XVIII, 4 párrafo quinto, 5 párrafo segundo y 39 párrafo tercero, la capital sí tiene facultad para legislar en esta materia.
"La reforma constitucional establece que el Congreso de la Unión debe legislar desde el punto de vista general, son leyes generales, ahí se gestan las bases y, en consecuencia, cada entidad federativa debe confeccionar sus leyes en función de las necesidades sociales", explicó.