La Semarnat y sus organismos, así como las autoridades ambientales de 30 entidades de la República piden al
Ejecutivo, al Legislativo y a los gobiernos estatales reconsiderar la distribución del presupuesto a favor de las tareas de conservación y cuidado de la riqueza natural.
• Refrendan su compromiso de un manejo austero y transparente del presupuesto público y de trabajar unidos para que se cumpla el derecho humano a un ambiente sano.
México es hoy un país devastado tanto social como ecológicamente. Revertir esa situación requiere de un esfuerzo descomunal de regeneración por parte de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de todos los sectores de la sociedad. No sólo se necesita restaurar los tejidos sociales, tanto urbanos como rurales, sino simultáneamente recuperar los ecosistemas, procesos ecológicos y salud ambiental severamente dañados o deteriorados a nivel local y regional. No es posible pensar en una salida de la pobreza y la marginación, ni en mejorar los niveles de bienestar de la población en su conjunto sin una restauración ecológica y ambiental del territorio y viceversa.
A nivel federal, la Semarnat y sus organismos sectorizados tienen como encomiendas el uso sustentable, equitativo y democrático del agua, el abatimiento de la deforestación y la tala ilegal, la transición de los combustibles fósiles hacia energías renovables, la producción sana de alimentos sanos, la conservación de la biodiversidad terrestre y marina, el control de la contaminación de aire, agua y suelo, la educación ambiental y el cumplimiento de los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente y detener los impactos del cambio climático. Estas mismas tareas las realizan a escala estatal y municipal las autoridades encargadas de los asuntos ambientales de las 32 entidades federativas y sus equivalentes en cada municipio.
Como es del conocimiento público, el presupuesto de la Semarnat ha ido disminuyendo año con año, a tal punto que la asignación más reciente para el 2020 representa 56% menos de lo asignado en 2015 y la situación es similar o peor en la mayoría de entidades estatales. Esta reducción contrasta con la emergencia ecológica y climática que se vive en muchas áreas de nuestro territorio y que repercute en la calidad de vida de la población a mediano y largo plazo.
La salud de la población urbana y rural, la calidad y seguridad alimentaria, la integridad de nuestro patrimonio natural dependen de una política ambiental nacional orientada a la recuperación de suelos fértiles, aire y cuerpos de agua limpios, ecosistemas acuáticos y terrestres sanos, así como de su conservación y uso adecuado.
Reunidos en la Ciudad de México el pasado 01 de octubre, los representantes de la Semarnat, Conagua, Conanp, Conafor, Profepa, INECC, IMTA, y autoridades ambientales de 30 estados de la República, tras analizar y deliberar acerca de la muy preocupante situación que sufre el país en materia ambiental, decidimos hacer un llamado urgente a los poderes Ejecutivo y Legislativo en el orden federal, y a los gobiernos de los estados para reconsiderar estratégicamente la distribución de las asignaciones presupuestales e incrementar sustancialmente las destinadas a tareas de rescate y protección del ambiente y de los recursos naturales de la nación.
Como personas que trabajamos en el servicio público, refrendamos nuestro deber y compromiso con un manejo austero y transparente del presupuesto público. Así como con el imperativo ético y legal de trabajar con todos los sectores del gobierno y de la sociedad para lograr que en nuestro territorio se cumpla el derecho humano a un ambiente sano.
Actualmente, un creciente número de población en nuestro país y en el mundo exige a las esferas públicas y privadas poner freno a la destrucción ecológica y a la crisis climática en el planeta, con acciones urgentes y transformacionales. La riqueza natural y la diversidad biocultural de México nos permitirían avanzar hacia esas metas.
Estamos a tiempo de impulsar una política ambiental que favorezca la unidad nacional y el bienestar de la población, que contribuya a mejorar la calidad de vida actual y futura de los seres vivos en nuestro país y en el planeta.
Suscriben este acuerdo
Víctor M. Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Alfredo Ruiz Esparza, secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Aguascalientes; Luis Alfonso Torres, secretario de Protección al Ambiente de Baja California; Rodrigo Andrés de los Ríos, subsecretario de Sustentabilidad de Baja California Sur; Ileana Herrera, secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático de Campeche; Gilberto Wenglas, director de Ecología de Chihuahua; María del Rosario Bonifaz, secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas; Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México; Eglantina Canales, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila; José de Jesús Sánchez, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Colima.
Asimismo, Alfredo Herrera, secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango; María Isabel Ortiz, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato; Arturo Álvarez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero; Benjamín Pilar Rico, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo; Sergio Humberto Graf, secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco; Jorge Rescala, secretario del Medio Ambiente del Estado de México; Ricardo Luna, secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial de Michoacán; Constantino Maldonado, secretario de Desarrollo
Sustentable de Morelos; José Manuel Vital, secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León; Samuel Gurrión, secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca.
Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente de Puebla; Alfredo Arellano, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo; Yvett Salazar, secretaria de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí; Carlos Radamés, secretario de Desarrollo Sustentable de Sinaloa; Luis Carlos Romo, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora; Gilberto Estrella, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas; Efraín Flores, coordinador general de Ecología de Tlaxcala; Sayda Rodríguez, secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán, y Luis Fernando Maldonado, secretario del Agua y Medio Ambiente de Zacatecas.
De igual forma, validaron los encargados de la procuración ambiental de Aguascalientes, Ofelia Castillo; de Campeche, José Bravo; de Chiapas, Víctor Hugo Villatoro, de la Ciudad de México, Mariana Boy; de Coahuila, Javier de Jesús Rodríguez; de Guanajuato, Karina Padilla; de Guerrero, Alfredo Gómez; de Hidalgo, Gustavo Falcón; de Jalisco, Diana Padilla; del Estado de México; Luis Eduardo Gómez; de Michoacán, Juan Vega; de Morelos, Blanca Corona; de Nuevo León, Raúl Pedraza; de Quintana Roo, Miguel Ángel Nadal; de Sonora, José Rochín; de Veracruz, Sergio Rodríguez, y de Zacatecas, Salvador Constantino Ruiz.