Ciudad de México, 24 de septiembre 2020, - La Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República solicitó a la Cámara de Diputados que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, garantice la operación de los organismos dedicados a tratar asuntos relacionados con el campo.

 Mediante un punto de acuerdo, las y los integrantes de la Comisión pidieron a la colegisladora que se asegure el funcionamiento de los tribunales agrarios, Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional.

Asimismo, llamaron a los diputados a fortalecer el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a este sector, pues en los últimos años no ha sido favorable.

La justicia agraria, el orden y certeza jurídica en el campo mexicano, se han visto afectados por ese proceder administrativo de limitar presupuestalmente a esta área, afectando a los justiciables, restringiéndoles aún más su derecho al acceso efectivo a la justicia agraria y a la certeza jurídica, subrayaron.

Indicaron que la disminución constante de recursos en el sector agrario no ha considerado que la Procuraduría Agraria es una institución de servicio social, dedicada a la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, brinda servicios de asesoría jurídica, arbitraje y representación legal, además promueve la conciliación de intereses, la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo, entre otras funciones.

En tanto, explicaron que los tribunales agrarios, a 27 años de su creación, han alcanzado resultados que contribuyen a la paz social y al desarrollo nacional con la substanciación y conclusión de 983 mil 177 asuntos por parte del Tribunal Superior Agrario y los tribunales unitarios.

La conclusión en la esfera jurisdiccional de los expedientes del llamado “rezago agrario”, ponen fin a disputas en muchos casos ancestrales, otorga seguridad jurídica a los derechos de propiedad ejidal, comunal y la pequeña propiedad. Estos resultados no significan que ya no existan controversias, sino la existencia de otras con nuevas características, precisaron.

Senadoras y senadores mencionaron que el conflicto agrario se ha transformado y continúan las que se denominan como tradicionales: juicios sucesorios, controversias por el mejor derecho de posesión, restitución y conflicto por límites, entre otros.

Además, ha surgido una nueva problemática agraria en la que participan los tribunales agrarios, como la validación de contratos para la constitución de servidumbres legales en las industrias de hidrocarburos y de energía eléctrica; las controversias por la construcción de infraestructura; las derivadas del vínculo de la tierra con el desarrollo urbano, y de la tierra con el medio ambiente.

Ante ello, resaltaron la necesidad de contar con una estructura completa, con capacidad instalada para dar respuesta a esta nueva conformación de la conflictividad agraria.

Señalaron que en los foros realizados al interior del país por la Comisión de Reforma Agraria, una de las principales preocupaciones manifestadas por la gente del campo, es la falta de presupuesto que pone en riesgo ya la operación del sector agrario.

Esto, expusieron, va desde el retraso en la emisión de sentencias por parte de los tribunales, por falta de personal, así como la prácticamente nula atención del Registro Agrario Nacional, el cual desde diciembre de 2019, ya presentaba un año de atraso en la emisión de respuestas a los tramites que éste brinda al público.

El punto de acuerdo fue enviado a la Cámara de Diputados.

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