En los últimos dos sexenios la Fiscalía General de la República (antes PGR) ha perdido a la mitad de los policías que tenía para investigar delitos federales y detener a los probables responsables de cometerlos. Pasó de registrar a más de 8 mil elementos en sus filas en el 2006, a tener hoy menos de 4 mil elementos.
Lo anterior provoca que actualmente cada agente del Ministerio Público Federal (MPF) tenga, en promedio, a un solo policía ministerial para que lo apoye en los casi 35 casos nuevos que se le suman al año. Y ello sin tomar en cuenta que, en realidad, no todos los policías de la FGR no investigan delitos, pues hay algunos comisionados como escoltas o vigilantes.
Datos oficiales de la Fiscalía proporcionados vía solicitudes de transparencia, revelan que fue en el gobierno de Felipe Calderón donde comenzó la caída significativa en el número de policías ministeriales de PGR (conocidos antes como agentes federales de investigación AFI) la cual continuó hasta mediados del sexenio de Peña. En 2006 la PGR contaba con 8 mil 127 agentes federales. Para 2008 la cifra de elementos ya había caído a poco menos de 6 mil elementos. Y en 2012, último año del sexenio de Calderón, la cifra era de 3 mil 670 elementos.
La cifra continuó en descenso en la primera parte del sexenio de peña con 3 mil 621 agentes en 2013 y 3 mil 492 en 2014. Así, en ocho años, la PGR perdió el 57 por ciento de su estado de fuerza policial para investigar delitos federales.
A partir de 2015 el número de elementos de la Policía Federal Ministerial se ha incrementado ligeramente y ha pasado a 3 mil 620 elementos en 2016, a 3 mil 922 en 2017 y 4 mil 79 en 2018. Pero aun con ello el estado de fuerza sigue siendo de apenas la mitad en comparación a lo que se tenía.
¿Por qué la caída drástica en el número de policías? De acuerdo con autoridades federales esto tuvo como detonante la decisión del gobierno de Calderón de privilegiar el fortalecimiento de la Policía Federal con unidades de investigación, inteligencia, y antidrogas. Ello provocó que parte de la estructura material y humana de la entonces AFI se trasladara a la otra dependencia.
A ello se suma que los programas de reclutamiento no han logrado compensar la baja de elementos de la institución. De acuerdo con datos que también fueron entregados vía transparencia, de 2012 a 2018 un total 1 mil 59 elementos de la Policía Federal Ministerial fueron dados de baja por distintos motivos, entre ellos 332 que no superaron los exámenes de control de confianza, y 55 que incurrieron en delitos y hoy están sometidos a un proceso penal.
De acuerdo con información de la propia FGR, no todos sus policías ministeriales están abocados activamente a la investigación de delitos. Hay algunos comisionados a protección de víctimas y testigos, otros asignados a funcionarios, y otros con labora de vigilancia. No se proporcionó una cifra exacta.
Pero aun cuando el 100 por ciento de los 4 mil 79 policías ministeriales estuviera asignado en tareas de investigación, en promedio se trata de poco más de un policía por cada fiscal (agente del MP) con el que cuenta la institución: 3 mil 660 en total.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, los policías ministeriales son un eslabón clave en la investigación de los delitos. Son una suerte de “detectives” que realizan en el terreno los trabajos de investigación, bajo la coordinación de los fiscales. Además ellos son los responsables de detener a los probables responsables de cometer los delitos.
Si se toma como referencia el número de carpeta de investigación que la PGR tenía abiertas en 2017 (contando las iniciadas y las pendientes) respecto al total de fiscales, esto significa que a cada uno de ellos le tocaría indagar 35 casos nuevos en total. Y en consecuencia, para atender todos ellos cada fiscal tiene un solo policía ministerial en promedio.
Los agentes de Ministerio Público Federal (MPF) o fiscales son los responsables de coordinar las investigaciones. A diferencia de lo que ocurre con el número de policías ministeriales, la FGR registra hoy el doble de agentes del MPF de los que se tenían hace dos años aunque su crecimiento se ha estancado en el actual sexenio.
De acuerdo con los datos recibidos vía transparencia en 2012 la dependencia reportaba 3 mil 234 agentes del MPF en sus filas, mientras que para 2018 el registro es de 3 mil 660 agentes, un crecimiento del 13 por ciento.
Los otros actores claves en la investigación de los delitos son los peritos, responsables de recabar y analizar científicamente distintos tipos de evidencias. En el actual sexenio la FGR pasó de contar con 1 mil 509 peritos en 2013 a 1 mil 756 peritos en 2018, que equivale a un crecimiento del 16 por ciento.
Un desglose entregado por dependencia arroja que los peritos con los que cuenta, los especializados en química representan la mayor cantidad con 174 en total. Le siguen los peritos en medicina forense – responsables de determinar las causas de muerte de una persona – con 131 en total. Y a su vez cuenta con 121 peritos en criminalística, especializados en indagar la escena de un crimen.
Por otro lado, llama la atención que la FGR solo reporta contar con 21 peritos en genética forense, que son los responsables de buscar y extraer ADN en restos humanos. Además reporta solo 13 peritos especializado en odontología forense y apenas 3 en antropología forense. Este tipo de peritos son los responsables de indagar, por ejemplo, restos humanos hallados en fosas clandestinas.El estancamiento en cuanto al crecimiento de recursos humanos en la FGR (y franco decremento en cuanto a policías ministeriales), es un fenómeno que ha acompañado a la caída de eficiencia de la dependencia en varios indicadores clave.
Por ejemplo, Animal Político publicó el pasado 5 de septiembre como de 2012 a 2017 creció significativamente el número de casos que los jueces le rechazan a la antes llamada PGR, de 13 a 80 por ciento. Además la Fiscalia se ha hecho significativamente más lenta para terminar de investigar cada caso, con un promedio que hoy supera los tres años por expediente.
Incluso, en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión pendientes – tarea que exclusivamente le atañe a los policías ministeriales – la FGR también reporta un decremento de casi el 50 por ciento en los últimos años.
Más allá de la estadística denuncias acumuladas que la FGR no ha podido resolver. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las más de 480 carpetas de investigación iniciadas por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación sobre el mal uso de recursos públicos, de los que no hay hasta ahora una sola persona detenida ni procesada.
Y hay hechos significativos como la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa en donde la investigación, a la que la PGR dice haber dedicado el mayor número de recursos en la historia, no ha derivado hasta ahora en una explicación solida a lo sucedida. Y en las últimas semanas, incluso, han quedado en libertad varios de los supuestos implicados.
A ello se suman fracasos en casos de alto impacto como el del exlíder minero Napoleón Gómez Urrutia o el de la exlideresa del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, donde las investigaciones de la FGR antes PGR terminaron, a la postre, cayéndose en los juzgados por falta de pruebas para sostener las acusaciones por mal uso de recursos.