Ordena juez entregar campus de la Udlap a Fundación Jenkins

Puebla, 27 de Octubre de 2021.-- A tres meses de que un juzgado ordenó devolver el campus de la Universidad de las

Américas Puebla (Udlap) a la Fundación Jenkins, el juez 24 Civil de la Ciudad de México, que facilitó la toma del mismo, acató la suspensión de amparo para devolver las instalaciones y levantar el aseguramiento de cuentas bancarias, informó la Fundación Jenkins a través de un comunicado.

En el comunicado aseguró que quedaron sin efecto las medidas cautelares que permitieron la “ilegal incursión con policías estatales” al campus de la Udlap Puebla el pasado 29 de junio.

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Además, se levanta el aseguramiento de las cuentas bancarias que fueron intervenidas y se reintegrarán “a sus legítimos usuarios”, así como la devolución del campus a través del juez local en Cholula, mismo que intervino en la toma de las instalaciones.

La Fundación Mary Street Jenkins dijo esperar que tanto las autoridades del Poder Judicial como del Ejecutivo del estado de Puebla reintegren de inmediato la posesión de la Udlap.

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​​​​​​​“Convocaremos en breve a los estudiantes, padres de familia, académicos y empleados administrativos para que nos acompañen (…) a recibir y celebrar el regreso a la normalidad de la FUDLAP”, indicó.

La orden contiene los siguientes efectos irreversibles:

Declaró y por tanto ejecutó, dejar sin efecto las medidas cautelares que propiciaron la ilegal incursión con policías estatales en la Universidad para devolver el campus al único patronato legítimo de la Udlap, que preside Margarita Jenkins de Landa.

Confirma que se levanta el aseguramiento de cuentas bancarias que fueron intervenidas en diversas instituciones para reintegrarse a sus legítimos usuarios (Fundación de la Universidad de las Américas Puebla).

Ordena que el campus universitario sea materialmente devuelto de manera inmediata a través del juez local en Cholula, mismo que intervino en la toma de las instalaciones, sin dilación alguna.

La misiva señala que los daños sociales y económicos para la universidad son responsabilidad de las autoridades estatales, quienes “intentaron apropiarse de patrimonio privado a través de litigantes sin escrúpulos que han fracasado en su oscuro propósito”.

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