Crecen golpes contra el huachicol; exigen ir contra capos

Ciudad de México, México, 15 de septiembre de 2025 ::: El Gobierno de Claudia Sheinbaum destaca avances

en el combate al robo de hidrocarburos, delito conocido como huachicol. En contraste con la administración anterior, que dejó números modestos en materia judicial, la actual gestión registra un repunte en detenciones y decomisos en lo que va del sexenio,

De acuerdo con cifras oficiales, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) se procesaron apenas a 54 personas por robo de combustible, con sólo nueve sentencias. Sin embargo, tan sólo en 2025 se han reportado acciones de mayor alcance. El 30 de junio, por ejemplo, fueron detenidas 32 personas en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, señaladas como integrantes de una red dedicada al saqueo y distribución ilegal de combustibles. Posteriormente, el 7 de septiembre, la Fiscalía General de la República informó sobre la captura de 14 individuos vinculados al llamado huachicol fiscal; es decir, la importación y venta de hidrocarburos evadiendo impuestos. Estas personas, ya vinculadas a proceso, participaron en el decomiso de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas.

Entre los arrestados destaca el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda, quien fue secretario de Marina en la pasada administración. También figuran empresarios, marinos en activo y ex funcionarios de Aduanas, lo que evidencia la profundidad de las redes implicadas.

Para Rubén Ortega, especialista en seguridad de la Universidad de Guadalajara, estos operativos tienen un impacto doble: “El efecto es mediático porque se demuestra que el delito continúa, pero ahora se reconoce y se enfrenta. Al exhibir a mandos navales y empresarios involucrados, se envía un mensaje de ejemplaridad”, señaló.

No obstante, el académico advierte que las estructuras financieras criminales permanecen intactas y que los nombramientos de funcionarios con presunta relación en estos delitos merecen ser revisados. Por eso exige la detención de los líderes de este delito. 

Francisco Jiménez, también catedrático de la UdeG, subrayó: “Deben investigar quién promovió esos ascensos (entre los funcionarios). Todos los involucrados deben ser señalados y determinar en qué administración fueron contratados o tolerados. Incluso, si hubo omisión presidencial, deberá esclarecerse”.

El caso no está exento de tragedias. Al menos siete personas relacionadas con investigaciones de huachicol fiscal han muerto en circunstancias violentas o sospechosas. El pasado martes, la Secretaría de Marina reportó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. El oficial se había desempeñado como subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo, Colima, y su muerte ocurrió apenas horas después de otro hecho inquietante: el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fue hallado sin vida en su oficina.

De acuerdo con reportes extraoficiales, Pérez Ramírez recibía sobornos de hasta 100 mil pesos para permitir la entrada de buques con combustible sin declarar.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas han multiplicado sus decomisos. Además de los 10 millones de litros asegurados en Tampico, el 7 de julio se informó sobre la incautación de 129 carrotanques y más de 15 millones de litros en Arizpe y Saltillo, Coahuila. Y en agosto, la Secretaría de Marina reportó el decomiso de casi ocho millones de litros en Ensenada, Baja California.
En el primer año de Gobierno se han asegurado casi 100 millones de litros de combustible robado. Cifra récord.

Aunque especialistas coinciden en que los golpes recientes tienen un valor simbólico y envían un mensaje de firmeza, también advierten que la magnitud del negocio ilícito exige un plan estructural de largo plazo. Por ahora, el Gobierno de Claudia Sheinbaum presume que el combate al huachicol va en serio. La duda es si las detenciones y decomisos bastarán para desmontar un negocio que, durante más de una década, ha demostrado ser tan rentable como difícil de erradicar, acentúan los especialistas.

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