La Comisión Intersecretarial de laCruzada Nacional Contra el Hambre acordó fortalecer las acciones de la estrategia, para seguir avanzando en la atención de las familias y comunidades, con especial énfasis en las zonas pobres y con hambre en las ciudades, sin dejar de atender las zonas rurales, para impactar realmente en los indicadores de la pobreza, como instruyó el presidente Enrique Peña Nieto.
En la Quinta Sesión de la Comisión Intersecretarial y primera de 2014 fue presidida por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, participaron los representantes de 16 secretarías de Estado federales y tres organismos descentralizados.
Como presidenta de la Comisión Intersecretarial, Robles Berlanga informó que a un año de la puesta en marcha de la estrategia, tres millones de mexicanos ya hacen efectivo su derecho constitucional a la alimentación, de los siete millones que se tienen como población objetivo en la presente administración.
Destacó, como parte de este esfuerzo coordinado, los avances en el tema alimentario con la instalación de comedores comunitarios, de los cuales 500 se ubican en Guerrero; la entrega de la tarjeta SINHambre a 250 mil familias; la instalación de nuevas tiendas Diconsa y Liconsa; la ampliación del Programa Oportunidades a los habitantes de 30 mil nuevas comunidades; el incremento del padrón de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores, en 2.5 millones de personas, entre otras acciones.
La funcionaria federal aseguró que el objetivo de la Cruzada es impactar de manera inmediata en los indicadores de la pobreza, para que el trabajo se vea reflejado en la próxima evaluación del Consejo Nacional Para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pero fundamentalmente, que se traduzca en bienestar para las comunidades remotas y los centros urbanos en pobreza extrema alimentaria.
“La gente quiere resultados inmediatos, por lo que debemos redoblar esfuerzos para impactar en los indicadores de alimentación, educación, servicios básicos, salud, seguridad social, calidad de la vivienda e ingreso”, instruyó la secretaria Robles Berlanga a los subsecretarios y representantes organismos descentralizados del gobierno de la República.
Dijo que el trabajo de la Cruzada se reforzará, en el presente año, en las zonas urbanas, por ser ahí donde se concentra el mayor número de personas en pobreza extrema alimentaria, la mayoría de ellos en asentamientos irregulares.
¨Tenemos que fortalecer el trabajo en los 400 municipios y, particularmente, centrarnos en la pobreza urbana, que es la menos atacada, a pesar de que concentra 36 millones de personas que están en absoluta indefensión por encontrarse en zonas irregulares¨, enfatizó.
La secretaria Robles Berlanga dijo que la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es superar los tres millones de personas en pobreza extrema con carencia alimentaria atendidas, para que puedan tener ejercicio pleno de su derecho a la alimentación, así como llegar con alguno de los programas sociales a los siete millones de personas que integran la población objetivo.
En esta evaluación de avances de la Cruzada y del grado de Coordinación Intersecretarial, la funcionaria federal explicó que de 2012 a 2013 todas las dependencias federales realizaron una mayor inversión en los 400 municipios considerados en la primera etapa de la estrategia, donde participan dependencias gubernamentales y los tres órdenes de gobierno.
Enfatizó que los recursos deberán potencializarse con las reformas aprobadas el año pasado, encaminadas a sentar las bases para promover una salida productiva a la superación de la pobreza y generar mayor prosperidad.
La funcionaria federal aseguró que con la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal se retoma la rectoría de la política social, lo que permite que los 57 mil millones con que cuenta el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se canalicen a obras que incidan en los indicadores de la pobreza.
Adelantó la secretaria de Desarrollo Social que el próximo 31 de enero se entregará a cada municipio su mapa de pobreza, con la obligación de informar trimestralmente los avances en el abatimiento de los rezagos y marginación.