Durante los últimos diecisiete meses, la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, cuya vigencia es solo
de 2 años, ha roto los paradigmas y superado las barreras que las últimas dos legislaturas anteriores. La XV y XVI no pudieron abordar temas como la interrupción legal del embarazo, la penalización de terapias de conversión, la legalización de UBER, de vehículos de arrastre, de mototaxis; la aprobación de reformas para crear fiscalías especializadas en trata, en medio ambiente y delitos contra del desarrollo urbano (invasiones y venta irregular), en lavado de dinero, y lograr el reconocimiento de los mexicanos por naturalización, entre otras muchas cosas que se quedaron en el tintero.
Hoy, a tan solo 6 meses de que concluya esta XVII Legislatura, también desde la Comisión de Justicia hace aire, y es que, en estos 17 meses de trabajo se ha diseñado una forma distinta de abordar las iniciativas en materia civil y penal, con sesiones de trabajo cada semana en las que se involucran en todo momento a la Fiscalía General de Justicia, a la Comisión de Derechos Humanos y al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.
El Poder Legislativo, por su propia conformación derivada de un proceso electoral directo, no se considera un ente perito en derecho, ya que en la mayoría de sus configuraciones quienes llegan a ocupar las curules no son especialistas en derecho, aunque su función es evidentemente técnico- jurídica. Por lo que se hace necesario realizar ejercicios de validez de las propuestas legislativas con las autoridades que aplican y juzgan con esas mismas normas, a fin de prever alguna acción de control constitucional que ponga en riesgo el estado de derecho local.
En palabras de Juan Manuel Romero Martínez, en su obra “Argumentación jurídica y sus criterios de evaluación” editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la racionalidad legislativa se asume como la posibilidad de “discutir qué objetivos deben perseguir las leyes en el escenario actual; si estos mismos objetivos se encuentran justificados; discutir la estructura que debe asumir la ley, a fin de que sea coherente con el orden jurídico existente, y finalmente cómo deben redactarse los preceptos jurídicos para lograr su claridad frente a los destinatarios, es decir que sean entendibles y aplicables”. Ese es el proceso que la Comisión de Justicia ha adoptado para su trabajo.
Bajo ese proceso argumentativo, el doctor Jaime Cárdenas Gracia en su obra “Argumentación legislativa y otras modalidades de argumentación”, editada por Tirant lo blanch y la UNAM, señala que “conviene advertir que el papel de los órganos de control de constitucionalidad, cuando revisan la constitucionalidad y/o convencionalidad de una ley, es determinar si el poder legislativo se excedió en los límites de una ponderación adecuada, si salvaguardó debidamente los derechos o principios en pugna…”, razón por la cual, esta Comisión de Justicia ajusta las iniciativas que estudia al marco legal existente en coordinación con diversas autoridades, incluyendo a los juzgadores, para hacer normas eficaces y sobre todo acordes al estado de derecho.
Es así que, en estos 17 meses la Comisión de Justicia ha recibido 123 iniciativas de las cuales en 25 reuniones de trabajo con autoridades y cerca de 20 sesiones de la comisión, ha obtenido la aprobación en el Pleno de 44, ha desechado por improcedencia 2 iniciativas y dictaminará 10 más esta semana en un promedio de casi 4 iniciativas analizadas con autoridades, discutidas, dictaminadas y aprobadas al mes; además de haber resuelto ya 11 de los 27 juicios políticos recibidos en 2022, así como los amparos derivados, y encontrarse en proceso de atención de acciones de inconstitucionalidad, siendo sin lugar a dudas la comisión más activa de esta XVII Legislatura gracias a la voluntad y disposición de sus integrantes.
Hugo Alday Nieto.
Licenciado en derecho con mención honorífica por la Universidad la Salle del Pedregal. Maestro en Derecho Empresarial por la Universidad del Mayab. Maestro de Derecho de la Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia por la Universidad de Alicante, España. Especialista en Arbitraje y Mediación en Propiedad Industrial por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Doctorante en Derecho por la Universidad Anáhuac, Cancún.