Nos encontramos en una línea de tiempo en la que coexisten en el mismo espacio un titular en funciones del ejecutivo
y la titular electa de dicho poder, previo ya a su toma de protesta en poco más de un mes. Las señales de la misma moneda, es decir del poder ejecutivo de México, han empezado a mostrar dos caras muy distintas la una de la otra.
Y mientras recibimos con agrado las propuestas de personas que habrán de formar parte del gabinete del gobierno de México por los siguientes seis años, con personajes de gran experiencia laboral en sectores públicos y privados, en México y el extranjero, incluso con participaciones relevantes representativas en la ONU, la CEPAL o en la OCDE, también recibimos con gran sorpresa los curriculums académicos de la gran mayoría del próximo gabinete en el que al igual de la presidenta electa, cuentan con estudios de maestría y doctorado, e incluso con más de un doctorado en instituciones mexicanas y extranjeras.
Por otro lado, recibimos con sorpresa, la noticia de eliminar requisitos para ser personas juzgadoras en la reforma al Poder Judicial que se encuentra en este momento en discusión. Eliminar requisitos de experiencia en materia judicial o de litigio, así como de especialidad en la materia jurídica que corresponda al juzgado. Como si se tratara ahora de señalar que todos los abogados con experiencia y con posgrados son corruptos, cuando en realidad, creo que el Estado ha adolecido de especialistas en derecho que desde el Congreso y desde el propio gobierno central sirvan para estructurar acciones legales claras y contundentes como sucedió en la primera mitad del sexenio actual con Julio Scherer, Santiago Nieto y Olga Sánchez Cordero, quienes trabajando juntos lograron posicionar al país en niveles nunca alcanzados en combate a la corrupción y en la construcción institucional.
Sin duda, una propuesta que puede abonar más a la justicia es precisamente la especialización de los tribunales, requisito al que México se ha comprometido a través diversos tratados internacionales como puede ser el acuerdo ADPIC que obliga a nuestro país a contar con tribunales especiales en materia de propiedad industrial y en derechos de autor, y que en la especie y de acuerdo a lo manifestado en los últimos días, no se daría con la selección de alumnos de derecho recién egresados poniendo en riesgo el sistema internacional de que formamos parte, simplemente porque la mayoría de las universidades públicas o privadas de este país no cuentan con ambas materias en su programa de estudio. Por ello, resulta atractiva la propuesta de voltear hacia la academia en donde se encuentran una diversidad de especialistas en derecho desde la UNAM, ANAHUAC, COLMEX, ITAM, ITESM y diversos centros de posgrado e investigación de universidades estatales que pueden nutrir el sistema de justicia.
Son dos formas muy diferentes, la que busca la profesionalización a través de la experiencia y el conocimiento, y la del que busca impulsar el ímpetu y el deseo antes del KnowHow (saber cómo). Dos visiones en las que México se encuentra hoy transitando en este período de tiempo ambivalente, pero del que seguramente saldremos poco a poco en septiembre hacia lo que será en segundo piso de la cuarta transformación. Me gusta más la de la experiencia y las competencias académicas. A ustedes?
Hugo Alday Nieto.
@Hugo_Alday
Presidente de la Comisión de Justicia; integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo. Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por la Universidad La Salle del Pedregal. Maestro en Derecho por la Universidad Anáhuac del Mayab. Maestro en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Especialidad en Arbitraje en materia de Propiedad Intelectual por la OMPI en Ginebra, Suiza. .Doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac de Cancún.