Ciudad de México, 5 de noviembre 2020, - El instrumento tiene el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.
Además, busca contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Incorpora directrices tendientes a que los Estados Parte impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones y en cualquier acción u omisión que afecte el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.
También establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Para ello, pide la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos, incluidos, la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación, entre otros.
El Acuerdo es resultado de una fase preparatoria de dos años y de nueve reuniones del Comité de Negociación, en las que México participó activamente compartiendo propuestas, experiencias y buenas prácticas, lo que se tradujo en la adopción de un acuerdo que robustece los marcos normativos de los países de la región y alienta el desarrollo sostenible con mayor bienestar, inclusión e igualdad.
El dictamen precisa que el Estado mexicano hizo declaraciones interpretativas de los conceptos “daño” y “daño significativo”, a fin de mantener la congruencia entre éstos y el marco jurídico nacional, en particular, con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como el equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Al presentar el dictamen, la senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, explicó que se trata de un acuerdo de última generación, pionero en la protección y salvaguarda de asuntos ambientales, desde una perspectiva de protección de los derechos humanos.
Consideró que el desafío es que las políticas del Estado mexicano se correspondan a los compromisos que se adquieren al ratificar este documento y garantizar el libre acceso a la información pública en materia ambiental.
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT, recordó que México se ha convertido, con el paso de los años, en el país más peligroso para la actuación de los defensores de derechos humanos, especialmente en materia medioambiental. Condenó que, a la fecha, más de 80 defensores ambientalistas hayan sido asesinados, por lo que el Estado mexicano debe garantizar un entorno seguro para estos grupos de personas.
De Morena, el senador Héctor Vasconcelos señaló que el Acuerdo de Escazú representa una contribución importante a la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales. El momento de los discursos ha pasado, ahora se impone proceder a las acciones, concluyó.
A su vez, el senador Raúl Bolaños- Cacho Cué, del PVEM, afirmó que el acuerdo abona a la cohesión de América Latina y El Caribe y ayuda a fortalecer las políticas públicas de avanzada en esta materia.
En tanto, la senadora Sasil de León Villard, del PES, dijo que el acuerdo permitirá activar toda la jurisdicción internacional contra cualquier acción que se considere que puede dañar el medio ambiente, sin comprometer la soberanía nacional.
Juan Manuel Zepeda Hernández, de MC, dijo que con este instrumento los defensores de derechos ambientales podrán llevar sus casos a tribunales internacionales y permitirá que las autoridades se comprometan con la protección ambiental. Agregó que México es uno de los países en que más se violenta a los defensores ambientales, principalmente en proyectos relacionados con el sector energético y minero.
Del PAN, la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, agregó que el acuerdo también garantiza los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible, con especial atención a las personas y grupos más vulnerables. El Senado, dijo, tiene la oportunidad de establecer condiciones de una nueva forma de hacer efectiva la sustentabilidad, en la que se incluya a los pobres y marginados en el concierto del desarrollo integral sustentable y competitivo de México.
La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de Morena, afirmó que el Acuerdo de Escazú es un catalizador para vivir en un ambiente saludable y es el primero de su tipo en el mundo. Es un instrumento que fortalece las acciones de los gobiernos firmantes para atender y dar soluciones a los efectos del cambio climático; frenar las deforestaciones y degradación de los ecosistemas y para que asuman sus responsabilidades en la protección del medio ambiente.