México, 28 de diciembre de 2022: El Senado de la República exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que actualicen, generen y refuercen políticas públicas y medidas necesarias para proteger y conservar al Jaguar y su hábitat, así como para disuadir y sancionar su cacería de conformidad con las leyes en la materia.
A través de un dictamen aprobado, en la sesión del 14 de diciembre, los senadores precisaron que, se deben reforzar las medidas de protección y conservación de dicha especie, debido a que cada vez son más frecuentes los casos de cacería asociados al conflicto “humano-jaguar, ganado-jaguar”.
Mencionaron que este ejemplar es una especie de alta importancia para la conservación de los ecosistemas mexicanos, pero también para la de nuestra identidad cultural, pues su presencia en el colectivo nacional, data de la época prehispánica.
Los senadores expresaron que, en México, su distribución se documenta básicamente de norte al sur del país, con poblaciones mucho más grandes en el sur sureste, por lo que resulta indispensable implementar políticas más robustas de conservación y medidas jurídicas e institucionales más coercitivas para reducir la cacería y prevenir los delitos contra este felino.
Se necesita, indicaron, proteger a las poblaciones del jaguar y su hábitat, reducir la incidencia de ilícitos ambientales, detectar y evitar la cacería furtiva del jaguar, así como fomentar la participación social de las comunidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Explicaron que los principales problemas en la conservación del jaguar tienen su origen en las actividades humanas, las cuales generan un impacto enorme, directo e indirecto, en sus poblaciones, pues entre las amenazas más importantes para su conservación están la pérdida y fragmentación de su hábitat.
Los legisladores coincidieron que las condiciones en las que se encuentran los espacios naturales en los que vive, generan un problema complejo que lo somete a una constante presión de conservación.
El dictamen precisa que la deforestación de millones de hectáreas de selvas y otros ambientes tropicales para establecer campos de cultivo, potreros, ciudades y pueblos, así como la cacería indiscriminada, han reducido su territorio y sus poblaciones.