La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) firmaron un convenio de colaboración a fin de potenciar el uso de Internet como herramienta de negocios en la industria.
La firma del convenio compromete a ambas organizaciones a establecer mecanismos para la difusión, intercambio y fomento de conocimientos técnicos y legales en materia de Internet, así como para el uso de mejores prácticas de comercio en línea.
En un comunicado, las dos instancias informaron que el primer efecto del acuerdo será la participación conjunta en la Business Week AMIPCI 2013, del 28 al 30 de octubre, donde se tratarán temas que ayuden a cualquier empresario a iniciar o mejorar sistemas de comercio en línea con clientes y proveedores.
Canacintra y AMIPCI participarán en las reuniones de los comités internos en los que encuentren temas afines a internet, comercio electrónico, marketing y cómputo en la nube, así como brindarse asesoría en esta temática.
El dirigente de Canacintra, Rodrigo Alpízar Vallejo, comentó que para transformar el acceso a internet en palanca de desarrollo, se deben atender factores como las desigualdades económicas que limitan la accesibilidad digital y la escasa inversión.
Carlos Ponce, presidente de la AMIPCI, apuntó: “queremos que Canacintra nos ayude a comprender a la industria pesada del país para acercarnos de manera más eficiente, con una oferta precisa que ofrezca respuestas adecuadas a las necesidades de cada rama industrial”.
Por otra parte, la Canacintra dio a conocer que suscribió un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), con el objetivo de mejorar el ambiente de negocios.
El presidente del organismo industrial, Rodrigo Alpízar Vallejo, señaló al respecto que este convenio “buscará la participación de los industriales en la búsqueda e identificación de los trámites más costosos para cada sector y rama con la finalidad de minimizarlos”
La colaboración entre ambas instituciones ayudará a simplificar trámites que le cuestan al país 3.6 por ciento del PIB, así como reducir plazos en términos de lo que se requiere para abrir un negocio y la meta al final de la administración será 2.8 por ciento del PIB.