Aquellas víctimas de violencia o delitos graves así también en materia de derechos humanos, la priista Cristina Díaz Salazar propuso una reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para establecer con obligación de las autoridades para brindar atención médica urgente.
"Si bien, con las recientes reformas constitucionales se reivindica a la víctima y sus derechos como parte importante del sistema penal, no se cumple de manera cabal hasta la emisión de la Ley General de Víctimas, cuando se comienza a materializar este aspecto".
Con ello se busca armonizar dicho ordenamiento con la Ley General de Víctimas en esta materia, precisó que dicha atención incluye tanto a hospitales públicos como privados, aunque para el último caso se prevé que una vez pasada la emergencia, los afectados sean trasladados a instituciones públicas.
"Se prevé que tanto establecimientos hospitalarios, públicos y privados, deban llevar a cabo la atención".
A las instituciones de salud se les faculta de implementar mecanismos en atención a las víctimas, la cual debe de responder al respeto a los derechos de las personas como lo es el de la salud.
Refrendó que con la propuesta se busca armonizar las leyes, a fin de garantizar los derechos de las víctimas -directas, indirectas y potenciales- salvaguardando su salud y su reincorporación a la normalidad social.
Dijo que si bien con las recientes reformas constitucionales se reivindica a la víctima y sus derechos como parte importante del sistema penal, no se cumple de manera cabal, sino hasta la emisión de la Ley General de Víctimas cuando se comienza a materializar este aspecto.
Así también en el artículo Octavo transitorio destaca que en un plazo de 180 días naturales deberán de ser reformadas las Leyes y Reglamentos de las instituciones que prestan atención médica en reconocimiento de su obligación para prestar atención oportunamente.