Aunque México se comprometió en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a que en 2015 ninguna niña o niño debería nacer con VIH, tal medida será difícil de cumplir ya que 47 por ciento de las mujeres embarazadas de este país siguen sin acceder a la prueba de detección, para saber si ellas y el producto en gestación son
portadores del virus.
Esta semana grupos civiles con trabajo en VIH/Sida y mujeres seropositivas denunciaron los maltratos, discriminación y violación a los Derechos Humanos (DH) por parte del personal de salud sexual y reproductiva, toda vez que niega a las pacientes los métodos anticonceptivos o las obliga a la esterilización.
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, organización civil especializada en VIH y género, realizó entre el segundo semestre de 2012 y el primero de 2013, un estudio con 337 mujeres seropositivas de entre 17 y 65 años de edad, en el que señala que 50 por ciento de ellas denunció no haber recibido atención integral en salud reproductiva, además de que se les negaron procedimientos médicos y quirúrgicos como revisiones ginecológicas, cirugías y atención de sus partos.
Participante en la presentación de la investigación, “Perla” –mujer queretana que vive con VIH desde hace 10 años– contó a Cimacnoticias que en su primer parto el personal médico que la atendió le realizó sin su consentimiento una salpingoclasia (ligado de las trompas de falopio), operación de la cual se percató hasta años más tarde cuando quiso volver a embarazarse.
Recordó que cuando le detectaron el virus, el médico –en clara violación a la secrecía del diagnóstico– primero le informó a su esposo y luego a ella de su estado de salud, y por si fuera poco la intimidó diciéndole que “su vida sexual había terminado y que iba a morir”.
“Perla” acusó que el IMSS no le suministra antirretrovirales de forma completa y continua, ya que hay días en los que se queda sin medicamento hasta que se los vuelven a surtir, lo que la expone a infecciones y enfermedades.
Además dijo que no tiene acceso al preservativo femenino o a otros métodos de control natal, dato que constató Balance en su informe al sostener que 63 por ciento de las mujeres con VIH consultadas dijeron no haber recibido información sobre anticonceptivos diferentes o adicionales al condón, y que el 38 por ciento no recibió suficiente información para tener un embarazo de forma segura, además de que no se les asesoró para evitar la transmisión del virus por vía perinatal (de la embarazada al feto).
Eugenia López, directora de Balance, detalló que estos hallazgos detectados en conjunto con otras organizaciones como Tamaulipas Diversidad Vihda Trans; Mujer Libertad; Grupo Convihviendo, y Centro Ser, visibilizan la situación de las mujeres con el padecimiento, quienes son discriminadas al recurrir a los servicios sanitarios.
Ante este panorama, las organizaciones civiles demandaron acciones concretas de detección de cáncer cérvico uterino en mujeres con VIH, ya que el virus del papiloma humano (VPH) tiene una alta prevalencia entre ellas y su desarrollo es más acelerado, por lo que deben practicarse pruebas médicas dos veces al año.
Además pidieron campañas efectivas de prevención, así como la difusión de información sobre el vínculo que hay entre VIH y violencia de género, acceso a antirretrovirales, albergues y refugios, y atención adecuada a víctimas de violencia sexual.
RECOMENDACIONES AL SECTOR SALUD
A lo anterior se suma la denuncia del Observatorio Nacional para la Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH, agrupación que advirtió que en vez de que el sector salud refuerce la prevención de la transmisión perinatal del VIH, las autoridades sanitarias pretenden eliminar el lineamiento que dice que para realizar la prueba de detección del virus se requiere del consentimiento informado de la mujer embarazada.
Lo anterior se traduciría en una nula oferta de la prueba y no, como argumentan algunos especialistas y funcionarios, que todas las embarazadas tendrían acceso universal al estudio.
Organizaciones como la Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria y Una mano amiga en la lucha contra el Sida explicaron que como parte del Programa Nacional de Desarrollo 2012-2018, se elabora un Plan Sectorial de Salud con el que se pretende este cambio que va en detrimento de los DH.
Por ello y a fin de divulgar una serie de recomendaciones a diversas dependencias del sector salud, como IMSS, ISSSTE, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida y las secretarías estatales, el Observatorio dijo que no debe desaparecer la consejería antes y después de una prueba de detección.
Betina Allen, doctora del Instituto Nacional de Salud Pública, explicó que el personal que atiende a las mujeres debe respetar sus derechos y pedirles autorización para realizar una prueba, ya que de lo contrario hay riesgo de que no regresen y no sigan las indicaciones del tratamiento.
Destacó que en lugar de eliminar la consejería, cuando se entregue el resultado de una prueba de VIH el personal debe brindar a las mujeres información y educación para la salud para que, en caso de ser necesario, conozcan su tratamiento y atiendan su infección.
Las agrupaciones coincidieron en que debe mejorar la atención que se ofrece a las mujeres, respetar sus derechos, garantizarles información, el acceso a la prueba y el tratamiento, pues de lo contrario no se podrá reducir el número de niñas y niños que nacen con VIH, cifra que según Censida fue de 140 en 2012.
Al respecto, Marcela Tárano y Anabel Córdoba, integrantes de la Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria, señalaron que según una investigación que hizo el Observatorio en clínicas del DF, Jalisco, Chiapas, Tabasco y Veracruz, en la cual se entrevistó a 53 mujeres y 19 médicos y miembros del personal sanitario de esas entidades, se recomendó mejorar la atención a las mujeres gestantes con VIH que son discriminadas por su estado de salud.
Tárano dijo que un área donde se puede incidir es en la currícula de profesiones como la medicina, psicología y trabajo social, donde las materias deberían incluir temas como las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH/Sida desde un enfoque de derechos.
Córdoba mencionó que las mujeres entrevistadas, la mayoría indígenas, piden un trato humano, información clara y que se les ofrezca la prueba de detección, pues a sólo al 30 por ciento de ellas se les ofertó, por lo que recomendó que haya acceso al estudio y a los medicamentos antirretrovirales.
Entre otras recomendaciones, el Observatorio dijo que se debe garantizar el tratamiento a las mujeres gestantes, pero también a las y los recién nacidos en caso de ser necesario, pues para ellas es complicado adquirir los medicamentos cuando tienen que caminar en promedio cinco horas para llegar al centro de salud, y gastar entre 150 y 250 pesos por visita.