Los peritos de la Procuraduría del Estado de México tuvieron elementos para dudar de la versión del ejército sobre el homicidio de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, sin embargo sus peritajes respaldaron la hipótesis de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos delincuentes, y no de ejecuciones extrajudiciales, como concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las 22 víctimas de Tlatlaya registraron en total 107 heridas de Bala; nueve personas presentaron lesiones al realizar “maniobras instintivas de defensa”, esto significa que intentaron cubrirse de las agresiones del Ejército.
Además, once de las víctimas tenían lesiones provocadas por tener contacto con superficies duras y ásperas. En sólo uno de los casos se especificó que las lesiones pudieron registrarse cuando la víctima cayó al suelo.
Los peritos llegaron a la bodega seis horas después de la balacera. Durante todo ese tiempo los soldados estuvieron en la escena del crimen sin supervisión; aún así, la Procuraduría no investigó una posible alteración de la escena del crimen.
Los peritajes fueron realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) después de la matanza del 30 de junio en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
El equipo de Noticias MVS tuvo acceso a parte de estos documentos tras una solicitud de información realizada a la CNDH, la cual elaboró una recomendación sobre el caso.
Durante los primeros días autoridades federales y locales mantuvieron la versión de que las muertes derivaron de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos criminales, aunque revelaciones periodísticas debilitaron su discurso y actualmente siete elementos son procesados por estos hechos.
Un día después de los hechos, el gobernador Eruviel Ávila defendió la actuación del Ejército.
"El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el Ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes".
Poder de Fuego
En los 22 cadáveres se contaron 107 heridas de bala.
Los peritajes indican que nueve víctimas tenían trece heridas de arma de fuego que les fueron realizadas mientras realizaban “maniobras instintivas de defensa”, esto significa que intentaron cubrirse de las agresiones del ejército.
En su recomendación, la CNDH señaló que cuando se presentan maniobras instintivas de defensa y de protección “muy probablemente” la víctima fue privada ilegalmente de su vida.
Además, se señala el caso otras seis víctimas que probablemente intentaron defenderse de una ejecución extrajudicial, porque tenían heridas de bala en los brazos.
Según los documentos que fueron mostrados , la víctima más afectada durante la agresión recibió 16 impactos de arma de fuego por parte del Ejército mexicano.
Por la descripción de los elementos se puede concluir que la hija de Julia (la mujer que fue entrevistada por la revista Esquire y que reveló la ejecución extrajudicial) recibió 10 balazos.
Resguardo del lugar
La Procuraduría mexiquense concluyó que el lugar de los hechos sí fue preservado en su estado original antes de la revisión científica, sólo por el hecho de que estaba resguardado por militares.
Los hechos sucedieron alrededor de las 6:00 de la mañana.
El Ministerio Público de Tejupilco fue llamado a las 11:00 de la mañana y los peritos llegaron hasta las 12:30 horas, es decir, más de seis horas después.
Los peritos estatales fueron recibidos por un coronel del Ejército, quien informó que en ése lugar se había registrado una balacera entre miembros del Ejército y un grupo delictivo.
Con esos elementos la Procuraduría mexiquense concluyó en su informe que:
"El lugar sí fue preservado en su estadío original previo a nuestra intervención criminalística, lo que se corrobora ya que a nuestro arribo al lugar se encontraba resguardado por elementos del Ejército mexicano".
Enfrentamiento
La principal y última conclusión del Ministerio Público es que las muertes derivaron de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos delincuentes.
Para sostener esta hipótesis se argumenta que la camioneta Chevrolet del Ejército recibió 20 impactos de bala.
En el resumen del peritaje se establece que la posición de los cadáveres corresponde a la original en que se encontraban al momento de caer.
Sin embargo, con el mismo peritaje expertos de la CNDH concluyeron que se registraron 12 ejecuciones extrajudiciales y tres cadáveres fueron movidos luego del tiroteo, por lo que no se puede determinar la forma exacta del fallecimiento.
Posteriormente, en un comunicado del 2 de noviembre de 2014, la Judicatura Federal informó que tres militares eran procesados por el homicidio de ocho personas.
En total, son siete los soldados investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo y ejercicio indebido del servicio público.
El 21 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por los hechos ocurridos en Tlatlaya.
Según esta investigación, dos de las tres sobrevivientes al ataque fueron torturadas. Incluso se les amenazó con ser violadas para que reconocieran ser parte de una banda de secuestro y quitaran toda responsabilidad al ejército.
Con la declaración forzada, las mujeres fueron recluidas en un penal de alta seguridad y consiguieron su libertad el 15 de diciembre, luego de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias.
A 200 días de los homicidios se desconocen los nombres de los 20 funcionarios de la Procuraduría del Estado de México que son investigados por ejercer tortura y tampoco se ha dado a conocer la cadena de mando completa del Ejército que participó en la ejecución extrajudicial de 22 civiles la madrugada del 30 de junio de 2014.