El gobierno mexicano indemnizará con más de 3.3 millones de dólares a familiares de víctimas de un operativo militar realizado el año pasado en Tlatlaya donde murieron 22 civiles, por el que varios soldados fueron acusados de homicidio, informó este jueves una fuente oficial.
En un comunicado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de México (CEAV) explicó que ha empezado las acciones para la reparación y que "el monto total que comprende a todas las familias afectadas será de más de 50 millones de pesos" (3,3 millones de dólares).
Una fuente de la CEAV precisó que este pago está destinado, en distintos montos y por diferentes tipos de violaciones, a "13 familias, (cuyos casos) fueron recomendados por homicidio por la Comisión Nacional de Derechos Humanos" (Ombudsman).
La reparación se sustenta en la investigación de la Comisión sobre este caso, que determinó "la existencia de diversas violaciones a derechos humanos", señaló la CEAV.
El 30 de junio de 2014, militares sostuvieron un enfrentamiento con un grupo de presuntos secuestradores en una bodega de Tlatlaya, una localidad de la violenta subregión de Tierra Caliente, a 240 km de la capital.
En un primer momento, el Ejército informó que las 22 personas que murieron en Tlatlaya lo hicieron en el fuego cruzado, pero una sobreviviente reveló en septiembre que la mayoría de los fallecidos fueron asesinados a sangre fría después de rendirse, lo que desató un gran escándalo en México.
En octubre, la fiscalía general acusó a militares del homicidio de ocho de los 22 civiles mientras que la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que al menos 12 de los muertos fueron ejecutados por los soldados.
Siete militares están presos por el caso, todos acusados de ejercicio indebido del servicio público, aunque sólo tres por homicidio calificado de ocho personas.
Además, 20 funcionarios de la fiscalía del estado de México son investigados por posibles torturas a testigos en el caso de Tlatlaya, considerado uno de los más graves abusos de militares contra civiles desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón lanzó al ejército a las calles a enfrentar a los cárteles narcotraficantes.
La indignación en México por el caso Tlatlaya prácticamente coincidió con el brutal ataque de policías de la ciudad de Iguala, Guerrero contra decenas de estudiantes en septiembre. Un total de 43 alumnos desaparecieron y la fiscalía cree que acabaron siendo asesinados e incinerados por narcotraficantes coludidos con los policías.
La CEAV, un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, fue creada por decreto presidencial en enero de 2014 tras entrar en vigor, el año anterior, una Ley General de Víctimas.