La brutal agresión a ocho estudiantes universitarios el 5 de junio en Xalapa, Veracruz, es una consecuencia de la criminalización de los jóvenes y los activistas en ese estado, sostuvieron sobrevivientes del episodio, académicos, activistas y defensores de derechos
humanos.
El ataque, perpetrado con bates, palos, machetes y armas largas por un grupo de personas vestidas de civil, encapuchadas y con chalecos estilo policial, se dio en un contexto de agresiones en el estado contra periodistas, líderes sociales y población estudiantil que se recrudeció desde el año 2011, explicó Julián Ramírez, de la Asociación Defensora de los Derechos Humanos “Decide”. El activista sostuvo que las golpizas, detenciones arbitrarias y siembra de evidencia son comunes en la actuación de las autoridades contra las personas que se manifiestan.
“En Xalapa hay un estado de sitio en la práctica”, agregó Giovanna Mazzoti, activista de Decide. Los estudiantes agredidos resaltaron que en Xalapa hay un fuerte proceso de organización de los universitarios que, por ejemplo, logró detener el incremento a las tarifas del transporte público.
Ignacio Córdoba, uno de los sobrevivientes, señaló que la mayoría de ellos realizan activismo ambiental y social a través de las artes. Ramírez y Mazzoti insistieron en que el ataque parece diseñado para causar el mayor daño posible sin matar, pero sí para producir terror y desmovilizar a la sociedad. Josué Bello, otro de los sobrevivientes, denunció que grupos paramilitares “le hacen el trabajo sucio al Estado”.
Córdoba reveló que solamente uno de los atacantes iba con el rostro descubierto; aunque no pudieron ver más detalles, identificaron que tenía un corte de pelo “estilo militar”, explicó. Condenó la actuación de los elementos de la policía municipal que acudieron al llamado de auxilio, pues se limitaron a tomar fotografías y, después de hablar con personas vestidas de civil que llegaron al lugar de la agresión en un auto sin placas, se retiraron, dejando a los estudiantes gravemente heridos –con fracturas en brazos, mandíbula y cráneo, además de múltiples contusiones-, solos y en un estado de terror.
Ramírez detalló que este ataque se enmarcó dentro de un proceso electoral “violento y militarizado”. Informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) elaboró una “lista negra” de alrededor de tres decenas de personajes riesgosos para las elecciones –desde funcionarios de ese instituto hasta candidatos y defensores del ambiente-, lo que, de acuerdo con la abogada Araceli Olivos, del Centro Prodh, fue un elemento que puso en riesgo a los activistas de la entidad, específicamente a los estudiantes. Además, agregó Ramírez, las autoridades han responsabilizado públicamente a estudiantes de la Unidad de Humanidades de la UV de ser quienes perpetraron los “sospechosos” ataques realizados contra sedes locales del INE.
Córdoba señaló, a nombre de los estudiantes agredidos, que exigen el esclarecimiento de los hechos y la verdad de lo ocurrido, el castigo a los perpetradores, seguridad para ellos y sus familiares, la reparación del daño y garantías de que un hecho como éste no se repita. Específicamente, declaró, quieren que se aclare la posible participación de agentes del Estado. Mazzoti agregó que es necesario que la UV apoye a sus alumnos agredidos.
Finalmente, Alberto Solís, director de Serapaz, señaló que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social respalda absolutamente a los jóvenes agredidos en una entidad como Veracruz, que tiene uno de los índices más altos de persecución a activistas.
Atacan para 'meter miedo' y castigar la participación política: estudiantes
Por su parte, Araceli Olivos del Centro Prodh expresó la preocupación de los defensores humanitarios por el incidente en contra de colectivos universitarios y ambientalistas en Veracruz
Seis de los ocho jóvenes agredidos el pasado 5 de junio en un domicilio de Xalapa, Veracruz, denunciaron en la Ciudad de México que el ataque con palos, machetes y armas de fuego del que sobrevivieron fue "para amedrentar" a los jóvenes en un afán de "meter miedo" a la población y "castigar" a la participación política.
Araceli Olivos del Centro Prodh expresó la preocupación de los defensores humanitarios por el incidente en contra de colectivos universitarios y ambientalistas en Veracruz, entidad que ocupa el primer lugar de desapariciones forzadas en el país; hay una "brutalidad extrema" en las acciones represivas en contra del activismo social, dijo Olivos.
Los jóvenes han iniciado una serie de encuentros con grupos de defensa humanitaria nacionales para asesorarse y continuar con su activismo político en tierras veracruzanas, informaron.