Los refugiados que se encuentran en territorio mexicano se enfrentan a una diversidad de problemas, como la barrera del idioma, la discriminación laboral o el desconocimiento de sus documentos de residencia, “situaciones que dificultan su adecuada integración”, dijo la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
Ello, expuso, pese al marco normativo que existe en la materia, pues de acuerdo con el Artículo 11 constitucional toda persona tiene derecho a solicitar asilo en caso de persecución por motivos de orden político y por razones de carácter humanitario.
Así como de contar con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la cual hasta noviembre de 2013 reportó mil 674 personas provenientes principalmente de Centroamérica, comentó.
Por lo tanto, mencionó, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben establecer las medidas necesarias para garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a México.
Hizo notar que de acuerdo con las estadísticas más recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), alrededor de seis millones de personas, sin incluir el caso de los refugiados palestinos, han estado viviendo en el exilio durante al menos cinco años.
La coordinadora de la fracción de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados afirmó que la protección de los derechos humanos, en especial de sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es uno de los pilares de la agenda legislativa de su partido para la próxima legislatura.
Sin duda, comentó, tiene primordial importancia el sector infantil, al cual se le debe garantizar un desarrollo armónico, por lo que también respaldó el exhorto a los Congresos locales para que armonicen su legislación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La trascendencia de dicha normatividad es que se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, en el que participarán representantes de las instituciones de los sectores y niveles de aplicación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, a fin de garantizar el goce de sus derechos.
Por este motivo, dijo, “es apremiante que las entidades federativas que aún no realizan la armonización de sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cumplan con esta obligación”.