Tras acreditar “transgresión de los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia y a la verdad,” tras el hallazgo de cinco cuerpos sin vida, maniatados y con lesiones producidas por proyectil de arma de
fuego, abandonados en la carretera La Piedad- Guadalajara, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhorta a la reparación del daño y a diligencias “legalmente idóneas” a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM).
La CNDH emitió la Recomendación 16/2015, dirigida al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, por una “inadecuada procuración de justicia,” en agravio de cinco jornaleros agrícolas privados de la vida en Yurécuaro y de sus familiares; la actuación de autoridades locales “ha entorpecido la procuración de justicia y propiciado la impunidad de los responsables,” detalla el organismo.
Tras recabar y analizar las evidencias, la CNDH encontró elementos que acreditan la transgresión de los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia y a la verdad, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM), en perjuicio de cinco víctimas y sus familiares como de otras nueve víctimas indirectas, “al incurrir en dilación y omisión en la integración de la averiguación previa.”
“La inactividad y omisiones de la autoridad ministerial en las investigaciones impide conocer la verdad histórica de los hechos, a pesar del tiempo transcurrido, lo que ha entorpecido la procuración de justicia en favor de las víctimas y ofendidos del delito, y propiciado hasta hoy la impunidad de los responsables” advierte la CNDH al gobernador Jara.
En este sentido se recomienda al gobierno michoacano que se repare el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, (que incluya atención psicológica para restablecer la estabilidad emocional, las acciones y omisiones en que incurrió el servidor público); e “instruir” al Procurador de la entidad para que en la averiguación previa penal correspondiente “se practiquen las diligencias legalmente idóneas para el perfeccionamiento y determinación de la misma.”
También piden la colaboración con la CNDH para el “seguimiento e inscripción” de agraviados y sus familiares al Registro Estatal de Víctimas, para que en lo conducente las víctimas indirectas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado, y colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formulará ante la PGJEM, para que investigue al servidor público involucrado, así como en el trámite de queja ante la Coordinación de Contraloría estatal contra dicha autoridad, apunta el organismo autónomo en un comunicado.