El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que durante el 2015 el organismo a su cargo registró 423 casos de personas desparecidas, de los cuales en 11 hay elementos de presunta
desaparición forzada.
Guerrero fue el estado donde ocurrió la mayoría de las desapariciones de personas, seguido de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, indicó al presentar su Informe Anual de Actividades 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
“Hay temas que demandan acciones urgentes y respecto de los cuales aún no hemos dado la respuesta que los hechos nos reclaman, entre ellos, el problema de las desapariciones forzadas”, sentenció ante los legisladores.
Expuso que las reformas sobre la ley general en materia de tortura y desaparición forzada es una asignatura pendiente.
Señaló que es necesario encarar de manera efectiva y coordinada el tema de las desapariciones forzadas y de las fosas clandestinas, así como de la trata de personas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
“Es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente”, externó.
Puntualizó que los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, y recientemente con el caso de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, registrado el pasado 11 de enero, indican que no se ha aprendido la lección.
“Lo ocurrido en Tierra Blanca hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender del pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones”, dijo.
González Pérez informó que durante 2015, la CNDH emitió un total de 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, entre las que destaca una para la Policía Federal por graves violaciones a los derechos humanos en Apatzingán, Michoacán.
El 6 de enero de 2015, elementos de la Policía Federal hicieron uso excesivo de la fuerza contra cinco personas integrantes de las llamadas autodefensas que finalmente fallecieron.
El funcionario detalló que de las 60 recomendaciones sobresalen las 13 que se hicieron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que a la Comisión Nacional de Seguridad se dirigieron siete.
Asimismo, el gobierno de Chiapas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República, cada una de ellas con tres recomendaciones.
González Pérez enfatizó que de estas recomendaciones, sólo la que corresponde al ayuntamiento de Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca, no fue aceptada, pero ya se analiza el caso para poder proceder conforme a derecho.