El grupo de expertos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a México para cooperar en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa advirtió el miércoles que romperá con la fiscalía si no aclara las dudas sobre el nuevo peritaje.
"El grupo no seguirá colaborando en este caso con un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que sólo contribuirá a la confusión y descrédito", dijo en conferencia de prensa la exprocuradora de Guatemala Claudia Paz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Tras la denuncia, la fiscal general, Arely Gómez, explicó que se reunirán el próximo viernes con los expertos para conversar sobre sus cuestionamientos y manifestó que la colaboración debe proseguir toda vez que el GIEI tiene que entregar un informe a la Procuraduría General (fiscalía).
Los expertos lamentaron que la fiscalía mexicana haya dado a conocer el viernes pasado, de manera unilateral y sin consensuarlo con el GIEI, los resultados de un último peritaje de "carácter preliminar", y acusaron a las autoridades de hacer una "utilización política" e irresponsable del informe.
Este tercer peritaje fue realizado por un grupo de seis peritos internacionales en fuego, elegidos entre la fiscalía y el GIEI, que el 31 de marzo entregó las conclusiones de su trabajo.
Los resultados, presentados únicamente por la fiscalía el 1 de abril, indican que hay evidencia suficiente para determinar que la noche en que desaparecieron los jóvenes en Iguala (Guerrero, sur), "al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados" en un basurero de la vecina localidad de Cocula.
Esta información valida la versión oficial presentada en noviembre de 2014, según la cual los jóvenes fueron atacados la noche del 26 de septiembre de ese año por policías corruptos de Iguala, quienes los habrían entregado a integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Según las autoridades, los sicarios los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, lo que sin embargo ha sido cuestionado por el GIEI y por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha colaborado en el caso.
--Pruebas adicionales--
Sobre la denuncia del GIEI, la fiscal Gómez explicó en breves declaraciones a la prensa que ya acordaron reunirse con los expertos, cuyos dudas serán analizadas.
"Sí, están inconformes con el informe. Hemos platicado con ellos, quedamos de tener una reunión el viernes (...) seguiremos trabajando porque ellos tienen que entregarnos un informe", dijo.
La fiscalía emitió un comunicado en el que sostiene que el peritaje se realizó en acuerdo con el GIEI y aseguró que se realizarán "más pruebas en las próximas semanas, con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos".
Según la fiscalía, transmitirán a los expertos en fuego los cuestionamientos del GIEI "para obtener mayores detalles del estudio".
La fiscalía "subraya su obligación y compromiso con los padres de los jóvenes (...) y mantiene su convicción de seguir colaborando con el GIEI, en el marco de la asistencia técnica contemplada en su mandato de coadyuvancia", añade el comunicado.
Los expertos explicaron que solicitaron a la fiscalía detalles relacionados con la cantidad de energía que se necesitó para la combustión de cuerpos humanos a la intemperie.
También piden que se determine el mínimo de cantidad de madera y otros materiales que se requirieron y aclarar si una pira como la descrita en la versión oficial puede incinerar un cuerpo.
En sus investigaciones, el GIEI ha concluido que no existe evidencia de un fuego de esa magnitud en el basurero la noche de la tragedia, mientras que el equipo argentino rechazó la posibilidad de que los 43 jóvenes hayan sido incinerados en ese lugar.