La Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) aceptó una nueva impugnación a la acción de inconstitucionalidad que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, interpuso ante el máximo tribunal del país sobre La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en esa entidad. Con esto la (CDHEM), acumuló tres impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta nueva impugnación fue admitida a trámite y acumulada con las que en días pasados también presentaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un grupo de diputados del congreso mexiquense.
El ombudsman mexiquense, Baruch Florente Delgado, promovió la acción de inconstitucionalidad, que impugna únicamente los artículos 14, 15, 16, 24, 25 y 40 de dicha norma, también conocida como “Ley Atenco”.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) interpuso el tercer juicio de inconstitucionalidad en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de la entidad, para defender el respeto a las garantías individuales durante la protesta ciudadana.
Tras considerar que la denominada Ley Atenco no es precisa en cuanto al uso gradual del uso de la fuerza pública, el Ombudsman mexiquense Baruch Delgado Carbajal consideró –sin precisar- que varios artículos de la citada ley deben ser modificados y para ello recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“En ese sentido, tras la petición que hicieron militantes de diversos partidos políticos para efectuar un análisis detallado de la ley, este lunes autoridades de la Codhem acudieron a la Corte para presentar la acción de inconstitucionalidad, al considerar que el tema se debe llevar ante el máximo tribunal del país, para que emita sus consideraciones sobre la propia ley, que sirvan de estándar o parámetro para legislaciones similares de las entidades e incluso del país”, señaló la CODHEM a través de un comunicado.
De esta manera ya suman tres juicios de inconstitucionalidad emprendidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ponen entredicho la legalidad de la llamada Ley Atenco; el primero emprendido por la Legislatura mexiquense, el segundo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el tercero por la CODHEM.
“Al respecto, el organismo defensor estatal consideró que es necesario precisar los alcances de algunos artículos en cuanto al uso gradual de la fuerza pública, por eso se promovió la acción de inconstitucionalidad”, añadió la comisión estatal de Derechos Humanos.
Esta ley fue publicada el 18 de marzo de 2016 en el Diario Oficial del Estado de México.
"El uso de la fuerza, si bien es cierto, sirve para garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas, también […] debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos", destacó.
Sin embargo, desde la publicación de la Ley en el órgano de difusión oficial, la Comisión Nacional se dio a la tarea de realizar un análisis integral de la misma, contrastándolo con la Constitución y con los instrumentos internacionales que sobre la materia existen, detectando "algunas posibles inconstitucionalidades".
Algunos de estos elementos fueron coincidentes con los argumentos planteados en las solicitudes de promoción de acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la CNDH diversos organismos políticos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a las que en lo particular les preocupa la restricción a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros.
Asimismo, recibió la solicitud del Ejecutivo y del Congreso del Estado de México para revisar dicha ley, no estando ajenos a que también interpusieron una acción de inconstitucionalidad.