La iniciativa de Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones, aprobada ya en comisiones de la ALDF, buscará poner fin a la criminalización de las adicciones en la capital del país, así como propiciar la rehabilitación de quienes delinquieron bajo el influjo de sustancias adictivas.
Los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Daniel Ordóñez, Esthela Damián y Efraín Morales destacaron la creación de un Tribunal de Tratamiento para las Adicciones.
Explicaron que el objetivo será reducir la reincidencia delictiva mediante la disminución o eliminación del consumo de drogas y alcohol, además de lograr la reinserción social a partir de establecer las bases del sistema de justicia terapéutica.
Justificaron la propuesta en el hecho de que el Distrito Federal cuenta con una capacidad de 21 mil 468 plazas en los centros penitenciarios y al dos de marzo de 2012 tenía 41 mil 822 internos, reportándose un incremento de 20 mil presos del año 2000 al 2012. Detallaron que de los 41 mil 822 internos, el 62 por ciento es primo delincuente y el 28 por ciento reincidente.
Señalaron que de acuerdo con los resultados de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, en la capital del país casi el 40 por ciento de los inculpados estuvieron bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva al momento de cometer un ilícito.
El reporte precisa que la mayoría de los detenidos infringieron la ley bajo los influjos del alcohol, 77 por ciento; la cocaína, 42 por ciento; la marihuana, 33 por ciento; y los inhalantes, 24 por ciento; el 31 por ciento de los infractores mostró problemas de dependencia y abuso, mientras que el consumo global reportado por los internos fue de 28 por ciento, siendo la marihuana la sustancia de mayor consumo, 58 por ciento.
Asimismo, de los ingresos al Consejo Tutelar en 2009, el 25 por ciento de los delitos fueron cometidos bajo el influjo de alguna droga, principalmente inhalantes y el alcohol, destacando el robo y la portación de armas.
Los legisladores perredistas aseguraron que el encarcelamiento no tiene un efecto reformador si no ofrece a los reclusos dependientes de drogas la posibilidad de optar por programas de tratamiento.
En este sentido, resaltaron que en dicha iniciativa se define a la adicción como una enfermedad cerebral, crónica, recurrente que se caracteriza por la búsqueda compulsiva y el uso de sustancias psicoactivas a pesar de sus consecuencias perjudiciales, pérdida de límites y un estado emocional negativo
Explicaron que entre los requisitos que deberán cumplir quienes busquen verse beneficiados con la propuesta una vez que sea aprobada por el pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones, está el que se les haya dictado formal prisión, sujeción o vinculación a proceso por delito patrimonial no violento y que sean consumidores de sustancias psicoactivas, previa solicitud del encausado y evaluación diagnostica inicial.
Que no se encuentren procesados por la comisión de un delito grave; que sea la primera ocasión en que acceden al procedimiento; no exista oposición fundad por parte del Ministerio Púbico; y garanticen la reparación del daño que para el efecto haya fijado el Juez Penal.