El proceso que impone el sistema penal acusatorio, cuya implementación sigue pendiente en México, no generará impunidad y tampoco va en contra de las acciones que buscan generar una mayor sensación de seguridad en la ciudadanía.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que todos estos temores acerca de la impunidad y de qué va a pasar si mañana la Reforma va a sacar a todos de la cárcel, requieren de una explicación amplia.
Dijo que hay la sensación fuerte de inseguridad y de que si el Estado no mete a las personas a la cárcel el delito no baja y las personas están en situación de vulnerabilidad.
Al inaugurar el Foro Internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal acusatorio, el titular de la CDHDF, reiteró que la evidencia dice que si eso fuera cierto, por lo menos de 2008 para acá, cuando se comenzó a implementar la Reforma Constitucional en materia penal, tendríamos un menor número de delitos y de víctimas, lo cual no es cierto, lo que sí tenemos son más presos, por lo menos en el Distrito Federal”.
El Ombudsman capitalino dijo también que en México no se ha logrado consolidar una visión de Estado frente a la Reforma, ya que “No es un tema que pueda ser dejado a la libre interpretación; ha jugado en contra el federalismo, la idea de que cada estado, en uso de su soberanía, puede adecuar la Reforma según le parezca”.
González Placencia subrayó que la arraigada tradición procesalista, impregnada de ‘parroquialismo jurídico mexicano’, hace pensar que lo que se produce en México es inmejorable, como lo fue con el amparo y lo es ahora con las prácticas procesales que están en los libros y que se plantean como verdades incuestionables.
Al respecto, dijo, es primordial atender hacia un necesario cambio de mentalidad de los operadores jurídicos frente al propio sistema penal acusatorio: “Es fundamental que los operadores jurídicos tengan una comprensión cabal de los que significa el debido proceso como núcleo duro dentro del sistema penal acusatorio, que armoniza con la visión de los derechos humanos; que deje de ser un tema de aproximaciones y de escuelas para convertirse en una obligación”.
Es necesario, agregó, que los operadores jurídicos hagan esa relectura, lo mismo que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tomen las previsiones necesarias para que la actitud sea distinta, ya que aunque en 2008 se logró avanzar, al final se generó también una Reforma ‘esquizofrénica’.
Y explicó que, aunque se intentó superar la visión inquisitorial del sistema penal para aproximarse hacia un proceso penal acusatorio; también se incorporaron elementos de excepción, a través de contrarreformas dentro de la propia reforma, que ha costado mucho tratar de desmontar: “Por ejemplo la figura del arraigo, prácticas del Ministerio Público y dentro de las prisiones, contrarias a la Reforma Constitucional o que a veces prácticamente la anulan”.
En la ciudad de México, dijo, se ha hecho muy poco, lo cual es un problema y también una ventaja: “Tenemos la posibilidad de que lo que hagamos sea realmente de vanguardia, de tomar en cuenta una década de experiencia en América Latina y de 4 o 5 años de las experiencias en los estados y de entender cuál sería el camino más adecuado para que la ciudad de México pueda tener un sistema realmente acusatorio”.
En tanto, las Diputadas Olivia Garza de los Santos, del Partido Acción Nacional (PAN), Presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios; y Miriam Saldaña Cháirez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), celebraron la convocatoria de la CDHDF para abrir el debate sobre las reformas locales pendientes, con una visión de derechos humanos.
Saldaña Cháirez se refirió a la criminalización de la pobreza y anunció que propondrá al Pleno de la Asamblea que las patrullas sean monitoreadas para evitar torturas en las puestas a disposición.