La diputada del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dione Anguiano Flores anunció que impulsará un paquete de reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes en el Distrito Federal.
En entrevista, la legisladora del PRD recordó que de acuerdo a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes actualmente existen cuatro mil 491 jóvenes en el sistema de justicia, de los cuales 600 están en internamiento y el resto recibe tratamiento externo.
Para ello dijo que ya inició un proceso de análisis de la citada ley y de la ley que en materia federal existe, además de que ya tuvo los primeros acercamientos con los representantes de gobierno involucrados en el tema de justicia para adolescentes, lo anterior con el objetivo de conocer su visión, necesidades y vacíos jurídicos.
Explicó que con base en el modelo actual y en la entrada en vigor del Sistema Acusatorio, la reforma deberá dar prioridad al tema de tratamiento en externación, pues el objetivo es contribuir a que los jóvenes que tienen conflicto con la ley tengan alternativas de vida como estudiar y trabajar.
Anguiano Flores consideró que “evidentemente el tema deberá trabajarse de la mano de la Comisión de Derechos Humanos, así como incluir a las fiscalías, la defensoría de oficio y la operación, es decir el tratamiento que se da a los menores”.
Al referirse al perfil de los jóvenes en conflicto con la ley, la diputada por Iztapalapa recordó que de los cuatro mil 491 adolescentes del Sistema de Justicia, 18 por ciento estudiaba y trabajaba antes de delinquir, 61 por ciento tiene entre 16 y 19 años de edad; 35 por ciento cuenta con secundaria incompleta, 17 por ciento con preparatoria y otro 17 por ciento con secundaria completa.
Por su lugar de origen, los adolescentes se distribuyen de la siguiente manera: 22 por ciento Iztapalapa, 10 por ciento Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. En tanto los delitos cometidos con mayor frecuencia son: robo en el 88 por ciento de los casos; cuatro por ciento por violación, tres por ciento por homicidio y dos por ciento por delitos contra la salud.