Luego de diversas interrogaciones a un conjuntos de personas vinculadas al narcotráfico, la Procuraduría general de la República (PGR) sufrió un fuerte revés, debido a que un juez federal dictó sentencia absolutoria contra el ex Coordinador General Técnico de la extinta Siedo, Miguel Colorado González, quien fue acusado de
brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva, en el marco de la llamada Operación Limpieza.
Junto con él fue exonerado el ex agente federal de investigación, Antonio Mejía Robles, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y de colaboración para la comisión de estos delitos.
Cabe señalar que Colorado González también fue absuelto del delito de lavado de dinero, por lo que se espera que en las próximas horas sea liberado del penal de Puente Grande, Jalisco.
El exonerado ex agente del Ministerio Público, Antonio Mejía Robles, se le señaló públicamente de haber favorecido la red de corrupción al interior de la Siedo, junto con Colorado González, en un anuncio público que realizó la entonces titular de la Siedo, Marisela Morales Ibáñez y el entonces procurador de la República, Eduardo Medina Mora, hoy embajador de México en Estados Unidos.
El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco dio a conocer que el fallo favorable para los ex funcionarios de la PGR a quienes se les responsabilizó de violar la ley federal contra la delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud.
Ambos ex servidores públicos fueron detenidos en 2008 por órdenes de la Siedo, luego de que detectó una supuesta red de corrupción al interior de esa Subprocuraduría que protegía al capo Arturo Beltrán Leyva.
Respecto al delito contra recursos de procedencia ilícita, imputado a Miguel Colorado, el juez concluyó que las pruebas que presentó la PGR resultan insuficientes para acreditar tal ilícito; asimismo, se comprobó que dichos recursos en su poder procedían de la actividad que desempeñaba como servidor público, además de la compra-venta de inmuebles obtenidas por herencia y otras actividades comerciales.