Mientras en México no se instrumente y ponga en funcionamiento una reforma penitenciaria integral que elimine de manera definitiva los flagelos de la corrupción, la violencia, impunidad, autogobierno, extorsiones, homicidios y otros ilícitos, en los más de 400 penales estatales y municipales, donde se planea y ordena el 80 por ciento de los
delitos que se cometen en el “exterior”, de poco o nada servirá contar con buenos policías, fiscales y jueces, dijo el gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez. Acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, del Fiscal General y del director general del Sistema Penitenciario en aquella entidad, Jorge González Nicolás y Eduardo Guerrero Durán, Duarte Jáquez anunció la celebración, los días 19 y 20 de los corrientes, de la Primera Sesión de Trabajo del Sistema Penitenciario Mexicano para su Transformación.
Asimismo, dijo que ante el incremento en el financiamiento a las cárceles, la mayoría son consideradas como “universidades del crimen”, de las que egresan “perfectamente graduados doctores” en secuestro, homicidio, falsificación, extorsión, homicidio y otros de alto impacto.
“No se trata de poner hoteles o comedores de lujo, sino de aprovechar íntegramente los recursos materiales, económicos y humanos de que se disponen. Ya basta de que los penales sigan siendo trincheras del crimen organizado, el que los utiliza para seguir delinquiendo”, puntualizó
Prueba de lo anterior lo constituye la certificación de siete de los penales que son administrados por autoridades estatales, faltando sólo uno de ellos de certificar, ello por parte de la Asociación citada, la que ya cuenta con la División México, mediante la cual se brindará asistencia y ayuda a las autoridades penitenciarias nacionales que la requieran.
La presencia y certificación de ACA (por sus siglas en inglés) no significa que nuestro sistema penal vaya “americanizarse”, ya que el estadounidense tiene como objetivo castigar a quienes infringen la ley, mientras que el objetivo mexicano es el de rehabilitación social, explicó.
“El sistema implantado en Chihuahua se basa en sus mecanismos, lineamientos y necesidades, pero es indiscutible que la certificación por parte de las autoridades estadounidenses han sido factos fundamental para mejorar el mismo cualitativa y cuantitativamente, como lo acreditan los hechos, entre ellos, el de que mientras en 2010 se registraron 12 motines, 216 muertes en riña, tres fugas y 189 riñas, en 2013 las cifras fueron del orden de cero, una, cero y tres y en lo que va del año las mismas son cero, uno, cero y uno”, comentó.
Se destacó que, en colaboración con autoridades de correccionales de los Estados Unidos, la que brinda asistencia a varios países en todo el mundo, en el sistema penitenciario de Chihuahua, que consta de ocho centros de reinserción social para adultos, tres para adolescentes, varios centros de arraigo, medidas judiciales y de prevención, así como de instalaciones para la profesionalización de la Policía de Custodia, se han realizado trabajos en reingeniería estratégica, administración del capital humano, estrategias de desarrollo organizacional de la Fiscalía Especializada, estrategias de calidad y administración presupuestal.
El sistema penitenciario de Chihuahua tiene un rumbo claro y decidido, con el más alto sentido de responsabilidad pública y social, para abatir los índices delincuenciales que se desarrollan desde el interior de los centros penitenciarios y lleva a cabo una reingeniería a su sistema estatal, basado en mil 52 acciones en los ejes de eliminación de autogobierno, reconstrucción de infraestructura penitenciaria, fortalecimiento de la estructura tecnológica, estandarización de procesos y procedimientos, capacitación y fortalecimiento del capital humano y oportunidades para la reinserción social, se explicó durante el evento.
De manera categórica, los funcionarios estatales afirmaron que han tomado el control y operación de los centros penitenciarios en Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez, este último considerado hasta hace unos años como el más violento y peligrosos de América Latina. Durante la administración del gobernador Duarte Jáquez, en el referido sistema, bajo el mando de Eduardo Guerrero Durán, se decomisaron 500 armas de fuego, 12 mil 639 cartuchos útiles, 32 granadas de fragmentación y sonido, mil 401 teléfonos celulares, 13 mil 920 “puntas”, cinco mil 682 litros de alcohol y tres mil 588 aparatos electrodomésticos, entre otros artículos que de manera ilegal estaban en posesión de miles de internos, quienes incluso llegaron a realizar en el interior del penal de Ciudad Juárez carreras de caballos y peleas de gallos.