El informe sobre “Tortura y otros malos tratos en México”, dado a conocer recientemente por Amnistía Internacional, obliga a emprender una Cruzada Nacional contra esta práctica que a menudo se usa para obtener confesiones y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían o no estar implicadas en un delito, lo que se traduce en juicios y condenas dudosas y envía a prisión a muchos inocentes, coincidieron en señalar diputados locales y federales del Partido de la Revolución Democrática.
Los diputados locales Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López, Daniel Ordóñez Hernández y Carlos Augusto Morales, urgieron a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a coordinar acciones y abatir la impunidad que rodea los casos de tortura en el país.
Aseguraron que entre la población existe un temor fundado de que cualquier detención pueda desembocar en torturas. Así lo confirmó una encuesta de Amnistía Internacional que mostró que 64 por ciento de los mexicanos consultados declararon tener miedo de sufrir este tipo de práctica en caso de ser detenidos.
Lamentaron que tras darse a conocer el informe del organismo internacional, no hubiera ningún reconocimiento oficial a la verdadera magnitud de este problema, ni compromiso público para luchar contra esta grave violación a los derechos humanos.
Destacaron que, según AI, los informes sobre tortura en el país aumentaron a partir de 2006, cuando se emprendió la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, y que, en 2013, hubo 600 por ciento más denuncias por este delito ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2003.
Los legisladores perredistas afirmaron que el informe de AI sólo confirmó lo que ya todo mundo sabe en México, es decir, que las detenciones arbitrarias y el uso de pruebas falsas suelen estar estrechamente ligados al uso de la tortura, además de que los exámenes médicos aplicados a las víctimas para investigar estos abusos no cumplen las normas internacionales.
Tacharon de indignantes los relatos que víctimas procedentes de varias partes del país hicieron a Amnistía Internacional en el sentido de que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semiasfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener confesiones o para que incriminasen a otras personas en delitos graves.
“Como si todo lo anterior no fuera suficiente, tenemos que el procedimiento pericial especial de la PGR para investigar los casos de tortura a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul y que, a pesar de estas deficiencias, los fiscales y jueces se basen en investigaciones oficiales defectuosas y se nieguen a aceptar otras pruebas de investigación independientes”, apuntaron.
Recuadro
Una muestra de la impunidad que prevalece en los casos de tortura en México son las 7 mil 164 quejas que, entre 2010 y 2013, recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de las cuales ninguna terminó en una condena por ese delito.
De las 7 mil quejas que recibió, sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos.
Entre 2005 y 2013, los tribunales federales atendieron 123 enjuiciamientos por esa práctica y sólo siete culminaron en condenas, mientras que en el fuero estatal, hasta 2013 sólo se habían registrado cinco condenas por tortura.
Fuente: Consejo de la Judicatura Federal