Existen altas probabilidades para que la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República se concrete antes de que concluya el presente año, dijo el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero.
Al impartir la conferencia “Transformación de las Instituciones Electorales en México”, en la sede del PRI capitalino, el funcionario federal mencionó que el titular del Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de la Fiscalía General de la República, misma que ya fue turnada a la Comisión de Justicia con opinión de otras dos comisiones.
“Hay por lo que veo, un buen ánimo en la Cámara de Diputados para que la iniciativa sea dictaminada en las próximas semanas y es muy probable, muy, muy probable de que este país tenga ya transformada la procuraduría en fiscalía antes de que concluya este año, es decir, antes de que cierre el periodo ordinario de sesiones que inicio el 1 de septiembre”.
Asimismo, Solís Acero aseveró que al concretarse este cambio quedará eliminada cualquier sospecha de que la impartición de justicia hay una intromisión de carácter político.
“La procuraduría transformada en fiscalía, no podrá haber ninguna sospecha en el sentido de que un asunto llegó hasta el punto de la consignación ante el juez o no se hizo la consignación correspondiente, es decir, el ejercicio de la acción penal por alguna intromisión de carácter político, la fiscalía con autonomía plena, eliminará esa sospecha. Yo creo que con ese sólo efecto y resultado es más que suficiente haber hecho el cambio”.
Más adelante, el funcionario de la Secretaría de Gobernación recordó que un artículo transitorio del decreto de reforma constitucional que se publicó el 10 de febrero en el “Diario Oficial de la Federación”, le otorgó un “pase automático” al actual procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para convertirse en el nuevo titular de la fiscalía.
Del mismo modo, refirió que el nuevo fiscal tendrá la facultad, sin la intervención del Senado, para designar a los titulares de la Fiscalía Especializada para la Persecución de los Delitos Electorales y de la Fiscalía Anticorrupción.