La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que, desde el 2000 hasta el 31 de agosto de 2014, se han estudiado mil 587 casos por el delito de homicidio, de los cuales 565 no calificaron, porque el indicador tenía doble nacionalidad, es decir, no eran mexicanos o bien por la reclasificación de los cargos, de acuerdo con el Programa de Asistencia Jurídica para Casos de
Pena Capital, (MCLAP, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el reporte que fue enviado por la SRE a la Cámara de Diputados como parte de la asistencia jurídica que se brinda a los connacionales que enfrentan un proceso penal en su contra en Estados Unidos, se detalló que de mil 22 casos en que intervino el MCLAP, se logró evitar o revertir la imposición de la pena capital en 887, es decir, en el 86.79% se tuvo éxito. En el mismo periodo, 7 connacionales fueron ejecutados.
Asimismo, la SRE precisó que actualmente 69 mexicanos enfrentan procesos penales que podrían derivar en la imposición de una sentencia capital y otros 59 se encuentran sentenciados a dicha pena, 36 de los cuales están incluidos en el fallo Avena.
Como se recordará, el gobierno de México presentó 54 casos en la demanda original ante la Corte Internacional de Justicia, y obtuvo un fallo únicamente en 51 de ellos.
De estos, permanecen al día de hoy 36 connacionales condenados a la pena de muerte; 10 ya no enfrentan una sentencia capital, pues siete tienen derecho a la revisión y reconsideración por el amparo del fallo Avena; uno falleció de cáncer y cuatro fueron ejecutados.
Al respecto, la SRE detalló que al comparar los casos, antes y después de la existencia de MCLAP, se observa que la probabilidad de que connacionales reciban la pena de muerte es considerablemente menor en la actualidad.
De acuerdo con el informe del MCLAP 2012-2014, el índice de imposición de la pena de muerte entre mexicanos es de 0.7%, mientras que el porcentaje de aplicación de dicha pena a ciudadanos estadounidenses va de 8 a 14%.
El reporte de la SRE señala, además, que la protección consular se brinda en todos los casos a petición de parte, a través de las representaciones diplomáticas y consulares de México, cuando la autoridad informa al detenido sobre su derecho a notificar y éste lo ejerce, y cuando la red diplomática del país en el exterior realiza visitas a cárceles y los connacionales la solicitan.
Sin embargo, precisó que por múltiples razones muchos mexicanos arrestados en el extranjero deciden no ejercer su derecho a recibir asistencia.
De igual modo, mencionó que ningún sistema penitenciario está obligado a clasificar a los reos extranjeros por nacionalidad, por lo que no en todos los casos las cárceles en el extranjero proveen a las representaciones diplomáticas y consulares de México de listados precisos de presos mexicanos. En otros, los datos privados de cada reo son confidenciales y en la mayoría de los países (incluido México) están protegidos en la ley.
Argumentó que a través del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos a través de Asesorías Legales Externas (PALE), también se les brinda asesoría y representación legal, principalmente en los ámbitos administrativo, familiar, penal, civil, laboral y migratorio.