La Procuraduría General de la República (PGR) desarticuló una banda de secuestradores que tenía su operación en el Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de México. Esta banda estudiaba a sus víctimas para determinar horarios, rutinas y lugares, a fin de realizar el secuestro y también tenía como característica el retener a la persona que pagaba los
rescates, generando así una nueva negociación una vez liberada la primera víctima, dijo Tomás Zerón de Lucio, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
En el operativo también participaron grupos antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con la que intercambiaron información de inteligencia, dijo el Procurador Capitalino Rodolfo Ríos Garza.
Explicó que el 29 de septiembre de 2014, esta organización privó de la libertad a un empresario de Sinaloa, en la Ciudad de México. El evento se desarrolló a plena luz de día cuando seis personas ingresaron a las oficinas del empresario, sometieron a los trabajadores y al personal de seguridad, y llevaron a cabo el secuestro, escapando después en distintos vehículos.
“Al tener conocimiento de estos hechos, la Agencia de Investigación Criminal asumió de inmediato la investigación, iniciando con ella los primeros trabajos, al mismo tiempo, la familia comenzaba con la negociación para su rescate”.
Dijo que el 3 de octubre de 2014, la víctima aprovechó un descuido de sus captores y escapó. Al salir del domicilio donde lo mantenían privado de su libertad, en un municipio conurbado del Estado de México, tomó un taxi y a unas cuadras más adelante vio una patrulla de la policía, a la cual le solicitó auxilio. Los elementos se trasladaron hasta el domicilio señalado por la víctima y en donde fueron aseguradas seis personas.
Los probables responsables de los hechos ilícitos son: Florencia Jovita Herrera Ramos, de 49 años de edad, Alejandra Graciela Sánchez Tapia, de 50 años de edad, Lorenzo Marcelino Carrizosa, de 18 años de edad, Ismael Hernández Feliciano, de 24 años, José Manuel López Rosas, de 46 años de edad y Oscar Yamín Miranda Villalpando, de 25 años de edad, explicó Zerón de Lucio.
Asimismo, añadió que, en seguimiento a las investigaciones, ese mismo día la Policía Federal, en coordinación con las tareas de la Procuraduría General de la República, logró el aseguramiento de Leodegario Benítez Hernández, de 50 años, quien participó en la extracción de la víctima. Sin embargo, y a pesar de haber sido detenida esta célula, el negociador continuó comunicándose con la familia de la víctima.
Se informó que, con la presunción de que el negociador y parte de la organización no habían sido alertados de la liberación de la víctima, la Agencia de Investigación Criminal montó un operativo, y logró el aseguramiento, en esa ocasión, de Gustavo Martínez, de 56 años de edad; Edith Díaz Torres, de 22 años de edad; Enrique González Rivero, de 32 años; y Alejandro López Rosales, de 25 años de edad.
Por otra parte, la Policía Federal localizó y aseguró a Abelín Mariela Ortega, de 31 años de edad, pareja sentimental de José Luis Díaz, quien lideraba la banda y se encontraba recluido en el penal de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, desde donde daba instrucciones a los integrantes del grupo delictivo cuando recibía las visitas en el penal.
Derivado de las labores, se logró determinar la conexión que existía entre José Luis Pat Díaz y una persona con los mismos apellidos que trabajaba en la empresa de la víctima que fue secuestrada. Se solicitó el expediente laboral y de esta manera se pudo corroborar que esta persona era hermana y visitaba continuamente al líder de este grupo delincuencial en el penal.
Asimismo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal localizaron y detuvieron a María Eugenia Pat Díaz, hermana del líder de la banda, José Luis Pat Díaz, y se logró determinar que ella también pertenecía al grupo, teniendo como función la de señalar a los objetivos susceptibles del secuestro, además de aprovechar su relación laboral o de negocio. Ella era el enlace entre el líder y los demás integrantes del grupo delictivo.
En la misma fecha, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, practicó un cateo en el domicilio en Valle de Chalco, en donde se tenía privada de la libertad a la víctima. Se ejerció acción penal en contra de los 13 detenidos por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México.