· Las prisiones deben contar con infraestructura adecuada y espacios dignos para alojar y recibir las visitas de las niñas y niños:
diputada Yuriri Ayala Zúñiga, promotora del punto de acuerdo_
Diputados del Congreso de la Ciudad de México exhortaron a diversas dependencias de la Ciudad de México para que emprendan acciones en la atención inmediata de las personas indígenas y mujeres privadas de la libertad, así como a los hijos que viven con ellas en los centros femeniles de reinserción social de Tepepan y Santa Martha Acatitla.
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó el punto de acuerdo, que fue aprobado de carácter urgente y obvia resolución, y solicitó a la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social de los Centros Penitenciarios y Servicios Post-penales de la Ciudad de México informe de los programas implementados en beneficio de la población privada de la libertad, y de manera particular los destinados a la atención de indígenas y mujeres, así como e hijas e hijos que viven con ellas y los que se encuentran en el exterior.
Además, pidió a la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, datos respecto de la creación de espacios en las prisiones, varoniles y femeniles, para salvaguardar la integridad de las niñas y niños que viven con sus madres o visitan a sus progenitores.
También requirió información con relación a la existencia de programas para el fortalecimiento del vínculo familiar, en especial para las mujeres privadas de la libertad con sus hijas e hijos que viven en el exterior de los centros de reclusión.
A través del punto de acuerdo también se pidió a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, para que en coordinación con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario garanticen el servicio permanente de traductores e intérpretes y no se vulneren los derechos a las personas privadas de la libertad y que se encuentran en condición indígena.
Al fundamentar el punto de acuerdo, la legisladora indicó que en los centros penitenciarios se deben desarrollar programas de inclusión para la atención de los grupos vulnerables; se tienen que reconocer sus necesidades y generar programas de intervención tanto, para las hijas y los hijos que viven con sus madres en dichos lugares.
Explicó que las prisiones deben contar con infraestructura adecuada y espacios dignos para alojar y recibir las visitas de las niñas y niños, en los que se garantice la protección de su integridad física, psicológica y emocional, así como su debido desarrollo y bienestar integral.
“Enfrentar un proceso penal es por sí mismo delicado, pero la situación se agudiza cuando no existen condiciones para una defensa adecuada, cuando no se entiende el idioma español y se habla otra lengua, sumado a la preocupación por el destino y crianza de las hijas y los hijos”, dijo.
Resaltó que de acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a mayo de 2018, mil 430 mujeres se encuentran privadas de la libertad en los dos centros de reinserción social femeniles de la Ciudad de México y de ellas 80 por ciento son madres y 59 por ciento viven con sus hijos en un centro.
También resaltó que con base en el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2017, el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan y el Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, en lo que refiere a las mujeres indígenas privadas de la libertad, obtuvieron calificaron de cero en el apartado medidas para evitar el trato discriminatorio.
Asimismo, el informe anual de actividades 2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el apartado de personas indígenas en reclusión considera que éstas son un grupo en situación de vulnerabilidad, que por factores como la pobreza, la marginación, la falta de acceso a la educación, aislamiento geográfico, entre otros, se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana.
A la proposición se sumaron los Grupos Parlamentarios de MORENA a petición de la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, y del Partido del Trabajo a solicitud de la legisladora Jannete Elizabeth Guerrero Maya.