• “Es un hecho inadmisible, además de que viola el derecho humano del acceso al
agua”, lamenta el diputado Carlos Castillo Pérez
El Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la capital que supervise el reparto de agua potable realizado por las pipas de la Alcaldía de Coyoacán, luego de que vecinos de los Pedregales y de Santa Úrsula Coapa han denunciado que la entrega del líquido sólo se hace a simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El diputado Carlos Castillo Pérez consideró que condicionar y restringir su distribución es un hecho inadmisible, además de que viola el derecho humano del acceso al agua.
Por ello, argumentó el diputado, es urgente que se investigue a las y los servidores públicos encargadas del reparto en pipas, de manera que se garantice un reparto gratuito y equitativo del líquido.
En nombre de los legisladores Leticia Esther Varela Martínez, María Guadalupe Aguilar Solache y Ricardo Ruíz Suárez, integrantes del grupo parlamentario de Morena, el diputado precisó que entre abril y mayo el Sistema Lerma disminuye la aportación de agua hasta en mil litros por segundo, mientras que en la zona alta del poniente de la Ciudad aumenta el consumo hasta en 2 mil litros por segundo, provocando que en Azcapotzalco, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan reciban menos agua en este periodo, según información del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Es importante poner atención al reparto de agua en pipas que distribuye la alcaldía de Coyoacán, sostuvo Castillo Pérez, ya que condicionar la distribución contraviene los derechos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La entrega discrecional del líquido provoca que en algunas zonas de Coyoacán, como Santo Domingo, se hagan filas de personas, entre ellas menores de edad, para poder rellenar cubetas, ya que, de acuerdo con los operadores políticos del alcalde Manuel Negrete, sólo se reparte a quienes simpatizan con su gobierno, vulnerando un derecho humano, reclamó el legislador.