• El legislador panista recordó que 2015 se modificó el Reglamento de
Construcciones de la CDMX, con lo que la autoridad hoy solo puede imponer la clausura cuando hay oposición del constructor a ser verificado.
• Lo anterior permitió a las inmobiliarias tener el tiempo suficiente para ampararse ante la acción judicial y la queja vecinal.
Con el objetivo de clausurar con prontitud las construcciones irregulares denunciadas por los vecinos, el diputado local del PAN, Christian Von Roëhrich de la Isla propuso modificaciones al Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México para que las 16 alcaldías clausuren los trabajos de edificación violatorios de la ley sin esperar la acción opositora de la empresa inmobiliaria o de su propietario.
El legislador recordó que en 2015 se modificó la fracción V del artículo 249 del citado reglamento, con lo que la autoridad ordenadora -en ese entonces las delegaciones- verificaban las construcciones y solo la clausuraban si había oposición del constructor o la empresa edificadora.
“Esto obedeció a las demandas ciudadanas presentadas contra obras irregulares, lo cual fue una importante medida a fin de controlar el crecimiento desmedido e irregular de la ciudad.
“Sin embargo, la reforma se desvirtuó, y actualmente clausurar una obra ha resultado complejo y tortuoso, pues solo se consigue hasta que exista una reincidencia en la oposición o hasta que culmine el procedimiento administrativo judicial”, explicó el legislador Von Roëhrich.
Por ello, el diputado pidió ante el pleno del Congreso local que se retome el texto original previo a la modificación de 2015, para que sean sancionadas las obras con clausura inmediata cuando se obstaculicen las verificaciones realizadas por el personal de las alcaldías sin que se deba esperar la reincidencia, pues de lo contrario el procedimiento se extenderá y permitirá que los infractores se amparen.
“Proponemos regresar a como estaba el reglamento, de tal manera que cuando un constructor se niegue a una verificación, la autoridad local clausure debido a la existencia de una demanda ciudadana que observa obras evidentemente violatorias de los reglamentos de uso de suelo, desarrollo urbano y de construcción”.
El punto se turnó para su análisis a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México.