• Destacan la urgencia de evitar que las calles se llenen de armas de fuego:
anteriormente tres de cada 10 lesiones eran provocadas por este tipo de armas; ahora la cifra subió a siete de cada 10
• Más de 74 mil de los 452 mil jóvenes que viven en la capital del país fueron detenidos o tuvieron algún contacto con la policía de proximidad en 2018
• “Si bien la seguridad ciudadana es una vía para mejorar la seguridad y prevenir la violencia, debe estar acompañada de esfuerzos por reducir la pobreza, la desigualdad social y de ingresos, así como el desempleo, en especial en los grupos más vulnerables, como los jóvenes”: dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa
• “El proceso de reinserción de la ciudad no produce hasta el día de hoy los mejores resultados, ya que se tienen altos índices de reincidencia”, destaca el dip. José Luis Rodríguez Díaz de León
Especialistas, funcionarios, representantes de organizaciones sociales y legisladoras coinciden en que existen dos elementos clave de una exitosa estrategia de seguridad ciudadana: otorgar a las alcaldías el manejo y control de su policía y coordinar el trabajo interinstitucional en el desarrollo de sistemas efectivos de reinserción social, en especial para los jóvenes de la capital.
Renato Sales Heredia, ex coordinador nacional antisecuestros y ex comisionado general de Seguridad Nacional, propuso al Congreso de la Ciudad de México otorgar a las alcaldías el manejo y control de su policía de proximidad; “en las faltas administrativas está la clave de la prevención social del delito”, afirmó durante su intervención en la mesa de análisis para discutir prácticas exitosas de coordinación institucional de seguridad, organizada por la Comisión de Administración Pública Local, presidida por la diputada María Guadalupe Chavira.
Ejemplificó: la realización de una fiesta en un condominio, que podría ser sancionada como una falta administrativa por la hora, el día y el ruido, puede pasar de lesiones a homicidio entre vecinos.
Por ello recalcó la necesidad de atender a tiempo la falta administrativa y evitar que se convierta en un delito, sobre todo cuando existen cifras que señalan que tres de cada 10 lesiones eran provocadas por arma de fuego y en la actualidad la cifra subió a siete de cada 10 eventos.
Sales Heredia se manifestó en contra de que personas que cometen faltas administrativas ingresen a los reclusorios de la CDMX. Para evitarlo, dijo, es necesario modificar los delitos de baja complejidad y establecerlos como faltas administrativas;
Además, planteó reformar el artículo 123 constitucional no sólo para otorgar a los policías todos sus derechos, sino también que les sean respetados.
En tanto, Raquel Alejandra Olvera Rodríguez, directora del Instituto de Reinserción Social de la CDMX, presentó el Modelo de Prevención y Reinserción Social, basado en el acompañamiento permanente a jóvenes de 12 a 29 años que se encuentren en riesgo, otorgando atención directa e inmediata a través de estrategias de intervención multidisciplinaria, tomando como premisa la prevención para evitar conductas delictivas.
Detalló que 74 mil de los 452 mil jóvenes que viven en la capital del país fueron detenidos o tuvieron algún contacto con la policía de proximidad en 2018.
De ellos, 45 mil llegaron a juzgados cívicos y 23 mil más fueron llevados al Ministerio Publico, mientras que 15 mil enfrentaron procedimientos abreviados o programas educativos y 393 están en el Sistema de Justicia para Adolescentes. “El problema es que aunque fueron detectados no hubo una intervención directa para atender la problemática y lograr la prevención de delitos”.
Olvera Rodríguez precisó que actualmente se trabaja en 30 colonias de la alcaldía Álvaro Obregón, 10 de Cuauhtémoc, 39 de Gustavo A. Madero, 80 de Iztapalapa, 31 de Tlalpan, 11 de Magdalena Contreras, 12 de Coyoacán y 22 de Venustiano Carranza, las que más jóvenes aportan al Sistema de Justicia Penal.
Juan Antonio Araujo, director del Instituto Mexicano para la Justicia A.C., afirmó que la falta de comunicación interinstitucional origina los fracasos en las políticas públicas.
Por ello, es urgente que en materia de seguridad y aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal exista una comunicación entre la policía de proximidad con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, la policía de investigación, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Gobierno y los jueces, ya que mientras no exista este tipo de contacto, ninguna plataforma podrá abatir el problema de fondo, advirtió.
“Mientras no exista una ley que obligue a la coordinación institucional, cualquier esfuerzo de capacitación, armamento, tecnología, ingeniería de procesos va a fracasar porque no hay comunicación”, reiteró.
Agregó que el objetivo no es acabar con la delincuencia, sino que el Código Penal no genere más marginalidad ni pobreza, porque lo que hace el actual es “justamente criminalizar a los grupos más vulnerables”.
Durante su participación, María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada integrante de la fracción parlamentaria de MORENA, indicó que desde hace varios años los índices de violencia y criminalidad han posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad, por lo que la finalidad de esta mesa de análisis es contar con los elementos que permitan contribuir desde el Congreso de la CDMX en la construcción de una ciudad con mayor seguridad y justicia social.
La legisladora aseguró que un tejido social dañado por factores socioculturales puede conducir a problemas como el caos social, la deslegitimación institucional e inestabilidad política, de ahí la importancia de contar con un sistema institucional de prevención del delito eficaz.
“Si bien la seguridad ciudadana es una vía para mejorar la seguridad y prevenir la violencia, también debe estar acompañada de esfuerzos para reducir la pobreza, la desigualdad social y de ingresos, así como el desempleo, en especial en los grupos más vulnerables, como son los jóvenes”, destacó la legisladora.
En tanto, José Luis Rodríguez Díaz de León, diputado también de MORENA, aseguró que el proceso de reinserción de la ciudad no proporciona hasta el día de hoy los mejores resultados, ya que se tienen altos índices de reincidencia.
Los jóvenes de la capital, destacó, son un sector de la población que requiere oportunidades y que se generen alternativas que permitan combatir las brechas de desigualdad y de marginación que les impiden tener un mejor desarrollo y un futuro distinto.
Díaz de León hizo énfasis en la importancia de analizar con toda precisión los tipos penales que existen, cuáles funcionan y cuáles requieren un ajuste, para poder hacer frente a los índices delictivos y de violencia que enfrenta la ciudad.
“Se está trabajando y analizando de manera transversal. Eso nos ayudará a observarlo desde otros contextos: ¿cuál es la política criminal que vamos a aplicar en la Ciudad de México? ¿Cuál es política que queremos para los tipos penales y las sanciones que vamos a considerar?, pero, particularmente, ¿cómo avanzamos en el sistema de reinserción social a través de otros modelos de éxito?”, expuso el legislador.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Saldaña, también participó en la mesa de análisis y recordó que antes los jefes delegacionales siempre tenían la inquietud de saber quiénes los apoyarían para resolver las faltas cívicas y de buen gobierno, ya que la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal indicaba que era la policía la que estaba a cargo de la seguridad y de atender cuestiones cívicas; ”lamentablemente, el resultado siempre era el mismo: ni atendían lo que tenía que ver con seguridad pública, ni resolvían lo que tenía que ver con justicia cívica”.
Por lo anterior, consideró que es un acierto que ahora los alcaldes tengan la atribución de dar seguimiento a algunos tipos de infracciones cívicas como daños al equipamiento urbano, grafiti, limpieza, escándalos en la vía pública, “cuestiones que antes estaban a la deriva y que hoy son facultad de los alcaldes”.
Por eso hizo énfasis en la importancia de establecer con claridad qué servidores públicos se van a hacer cargo de las infracciones cívicas dentro de las demarcaciones territoriales; “esto pudiera funcionar desde la Dirección de Gobierno de cualquier alcaldía, pero sería indispensable que esté vinculada con la policía de proximidad”.
El diputado José Emmanuel Vargas Bernal destacó que estas mesas de análisis permiten observar en dónde están los errores del Sistema de Justicia Penal y trazar una ruta adecuada para su mejora.
Si bien los jóvenes tienen cierto un grado de vulnerabilidad de caer en conductas delictivas, indicó el diputado de MORENA, también pueden caer en una conducta productiva.
Por ello, hizo un llamado a que se trabaje en otorgarles mayores oportunidades; “lamentablemente, el sistema anterior no les dio la oportunidad de estudiar ni de trabajar; hemos sido incapaces de generar las oportunidades para integrarlos a la fuerza laboral, que se integren en el desarrollo. Encima de esto, los criminalizamos. Eso tiene que cambiar”.
Respecto al tema de seguridad pública, el legislador coincidió en que debe estar a cargo de las alcaldías, ya que “el alcalde es el que conoce sus colonias, cuáles son los sitios de riesgo y tiene más de cercanía con la población. Son ellos quienes deben realizar un trabajo coordinado con la policía de proximidad”.