Casi el 50% de las personas en internamiento comparte la celda con más de cinco personas, es decir, una política de sana distancia no es posible.
Ciudad de México a 01 de abril del 2020.- Ante los nuevos casos del Covid19 en México, las autoridades sanitarias han reiterado las medidas básicas de prevención que se deben seguir, como lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día; aislarse en caso de presentar algún síntoma respiratorio: cubrirse la boca y nariz al estornudar con la parte interior del codo y saludarse sin tocarse.
Aunado a esto, se han tomado medidas de aislamiento social a través de la Jornada de Sana Distancia para prevenir nuevos contagios, por otro lado, hasta el momento, se ha informado que es posible reincorporarnos poco a poco a partir del 30 de abril; sin embargo, hay una población que no está siendo contemplada dentro de esta contingencia: las personas en centros penitenciarios.
Poco se ha considerado el hecho de que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi el 50% de las personas en internamiento comparte la celda con más de cinco personas, es decir, una política de sana distancia no es posible partiendo solo de este hecho, pero eso no es todo, tampoco es realista pensar en la prevención del contagio masivo si se carece de agua potable, artículos de limpieza y acceso a medicamentos.
“Como si eso no fuera suficiente, la cuarentena implica también que aquellos que se encuentran en los centros penitenciarios no puedan ser visitados por sus seres queridos, lo cual vuelve más adverso todo el panorama. Si bien es cierto que la decisión de cancelar las visitas sería en pro se evitar el contagio para proteger tanto a la gente dentro y fuera, se vulnera aún más a la persona en conflicto con la ley porque es a través de estas visitas que ellos pueden obtener algunos de los recursos que el centro no le está otorgando. Esta medida puede generar una histeria colectiva, que podría evitarse al avalar sus garantías individuales y evitando la sobrepoblación penitenciaria.” Dijo Jimena Cándano, Directora General de Fundación Reintegra.
Estemos o no, en medios de una crisis de salud pública, las prácticas penitenciales no pueden continuar igual, cada persona genera riesgos adicionales en un contexto de recursos limitados, ¿Cómo se puede resolver? Una de las propuestas que Fundación Reintegra ha puesto sobre la mesa es la de hacer una revaluación de las medidas que deban cumplirse en internamiento, con ello, no solo aspiramos a bajar el número de personas sobrepoblando los centros, sino que también generamos prevención al alejarlos de un contexto violento que, en muchos casos, termina por corromper más a la persona.
Muchos se cuestionarán el hecho de que se les deba “cuidar a los delincuentes” en esta contingencia, pero la razón para hacerlo es más sencilla de lo que parece. Al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta su custodia, es decir, debe asegurar el cumplimiento de sus garantías individuales porque pese a quebrantar la ley, sigue siendo bajo términos constitucionales, un ser humano al cual no se le deben violar sus derechos.
Las condiciones generales en las que se encuentra actualmente el sistema penitenciario mexicano han derivado de una insuficiencia de recursos financieros, humanos, materiales y de instalaciones para poder ofrecer un servicio integral, situación que se ve reflejada a diario en su bienestar y que, durante una contingencia como esta, se convierte en una crisis que de no atenderse nos impactará, pese a que otros, más afortunados, nos encontremos en cuarentena.