MÉXICO, 9 diciembre 2021.- De acuerdo a Mariana Moguel, dicha “prueba apócrifa” tiene a la ex funcionaria pública privada de su libertad
pese a que el delito que presuntamente cometió no amerita dicha medida cautelar, motivo por el cuál pidió que se le dé seguimiento hasta dar con los responsables que la tienen en el penal de Santa Martha Acatitla
Mariana Moguel, hija de Rosario Robles Berlanga, continúa en su Resistencia Civil Pacífica, en la cual se ha comprometido a manifestarse en todos los puntos del país con el fin de que se le cambie la medida cautelar a su madre, la cual la tiene recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde 2019.
Este jueves 9 de diciembre la ex presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México protestó en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX); además, entregó una carta a la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, para pedir que no se dé “carpetazo” a la denuncia que presentó desde hace dos años la ex funcionaria pública.
Y es que en noviembre de 2019, meses después de haber sido detenida por las autoridades, la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) presentó una denuncia contra el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber falsificado, alterado y haber hecho uso indebido de documentos públicos contra Robles Berlanga, en este caso una licencia falsa de conducir con la que se argumentó que existía una posibilidad de huir por parte de la política.
“No me sobra decir que la fabricación de pruebas realizada por la Fiscalía General de la República, fue utilizada para privarla ilegalmente de su libertad”
En la carta que fue recibida por la fiscalía capitalina, tanto Mariana como el hermano de Rosario Robles, Francisco Salvador Robles Berlanga, argumentaron que tras dos años de haber iniciado dicho proceso, ya fue tiempo suficiente para que se haya integrado una carpeta de investigación, así como para dar con los responsables de haber fabricado la supuesta licencia falsa.
Asimismo, solicitaron una audiencia con la fiscal Godoy, en la cual estarían presentes la defensa de la ex funcionaria y su familia, con el fin de presentar pruebas, así como ser escuchados por las autoridades de la Ciudad de México.
“A la audiencia solicitada acudiría una representación integrada por la defensa y la familia de María del Rosario Robles Berlanga. Para tal efecto, en anexo pongo a su disposición mis datos de contacto”, fueron las palabras con las que finalizó la misiva.
Este es el tercer evento que realiza la ex diputada de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), puesto que el pasado miércoles 8 de diciembre dio a conocer que presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntamente haber filtrado información sobre el caso de su madre.
Por medio de sus redes sociales oficiales, Moguel Robles indicó que la supuesta filtración del caso que tiene a Robles Berlanga en el reclusorio femenil podría ser una violación directa a la presunción de inocencia que tienen todas las personas que pasan por un proceso judicial.
Agregó que debido a la información que se ha difundido ante la ciudadanía, la ex titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la propia Mariana y toda su familia han visto vulnerada su seguridad, así como su integridad física; situación que la motivó a presentar la queja.
“Presenté ante la @CNDH una queja contra el titular de la @FGRMexico ante la filtración de información que vulnera la presunción de inocencia de mi madre @Rosario_Robles_ y que además pone en riesgo la vida e integridad física de ella y su familia”
El primer evento ocurrió el 7 del presente mes cuando solicitó una audiencia con el embajador de los Estados Unidos en México, Kenneth Ken Salazar, con el fin de denunciar las “graves violaciones” que se han presentado durante el proceso judicial que atraviesa Rosario Robles.
Finalmente, advirtió que la presunta responsable del desfalco millonario a las arcas del Estado fue privada de su libertad de manera “injusta”, pues el delito que se le imputa -ejercicio indebido del servicio público- no se encuentra dentro de la clasificación de delitos graves, por lo que no amerita ningún tipo de medida cautelar.