El derecho a la educación existe y contiene diversas características como la laicidad, y gratuidad, sin embargo, no cuenta con una garantía o un precepto en la Ley,
en la que la educación deba darse en condiciones de seguridad para la comunidad educativa, que la forman alumnos, educadores, madres y padres de familia y autoridades, afirmó Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, del Congreso de la Ciudad de México.
La iniciativa con proyecto de decreto en materia de Seguridad Escolar, en la que se realizan adiciones a la Ley, trata de incluir en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el apartado referente al derecho de la Educación, la garantía para los educandos, de que este derecho estará garantizado, tanto al interior como al exterior de las instalaciones, velando con ello, el respeto a los derechos humanos, expresó la legisladora.
La también integrante de la Junta de Coordinación Política, señaló que uno de los deberes del estado es velar y salvaguardar en todo momento, el interés superior del menor, adicional a diversas labores que cuya meta estricta se conduce al goce y ejercicio más amplio de los derechos humanos, como lo es la seguridad y la educación.
El pasado lunes 21 de febrero, un menor de edad introdujo un arma de fuego a la Escuela Secundaria No. 79 República de Chile, en la Alcaldía Iztapalapa y con la cual, terminó lesionándose la mano, recordó.
Los sucesos acontecidos en el plantel educativo, hacen recordar los peligros a los que estamos expuestos día a día y es más preocupante cuando hay menores de por medio, sin embargo, se debe tener presente que las bases fundamentales en la sustentabilidad y desarrollo de toda comunidad recae en el cuidado y planeación otorgado a su futuro, es decir en la importancia intrínseca de la juventud.
Para concluir, Mateos Hernández subrayó la importancia de visibilizar la seguridad escolar y acontecimientos como el sucedido en la secundaria iztapalapense no pueden repetirse, por ello se deben establecer las medidas y mecanismos necesarios para garantizar a la población, una vida libre de violencia y bajo una cultura de paz ininterrumpida.