CDMX. 13 de octubre de 2022. La diputada del PRI, Lourdes González Hernández, propuso reformas legales tendientes a
inhibir que se utilicen las instituciones judiciales como medio para censurar indirectamente a periodistas, y destacó que es fundamental salvaguardar los derechos a difundir y recibir información.
La legisladora señaló que ya especialistas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), advirtieron a las autoridades mexicanas que las demandas contra periodistas constituyen una práctica que parece va en aumento y que un número considerable de quienes inician estos procedimientos, lo hacen con la pretensión de desgastar a quienes ejercen la libertad de expresión.
“Si una persona periodista se ve amenazada con un procedimiento judicial largo y costoso, el resultado del fallo pasa a un plano secundario, ya que el proceso afectará su economía y su tranquilidad, además del efecto inhibitorio que provocará hacia su libertad de expresión”, subrayó la representante popular.
Por ello, la legisladora presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa por la que se abroga la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal y se emite la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al Honor, al Decoro, a la Intimidad Personal y la Propia Imagen, de la Ciudad de México.
Entre las propuestas que se incluyen en la iniciativa destacan las siguientes:
1.- Que las personas periodistas y colaboradoras periodísticas puedan oponer como excepción el secreto profesional, cuando deba revelar su fuente para desvirtuar los hechos que le sean atribuidos; lo cual tendrá por objeto, en caso de resultar procedente, el sobreseimiento del juicio;
2.- Mecanismos para fomentar la igualdad de las partes dentro de los procedimientos.
3.- Condenar a la restitución de gastos y costas al actor, si éste no prueba su acción, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
La Iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen, a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la de Administración y Procuración de Justicia.
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