México, 12 de octubre 2023—El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante 71

años ininterrumpidos entre 1929 y 2000, propuso al Senado una reforma a la Constitución para establecer que la persona que quede en segundo lugar en una elección presidencial obtenga una senaduría de forma automática.

 Los priistas argumentan que, con ese cambio, quien resultara perdedor de unos comicios podría seguir participando en la política del país e impulsar los asuntos de interés para quienes votaron por él.

“Los electores que votaron por el candidato que quedó en segundo lugar pueden sentirse excluidos, ignorados o discriminados por el gobierno, y perder la confianza en el sistema democrático”, dice la iniciativa de reforma, que se publicó el 4 de octubre en la Gaceta del Senado y es respaldada por seis de los nueve senadores del PRI. Estos son Sylvana Beltrones, Claudia Anaya, Verónica Martínez, Manuel Añorve, Ángel García y Mario Zamora.

El documento agrega: “Incorporar esta figura —el segundo lugar presidencial— como senador, puede ser una forma de que ese segmento de la votación federal cuente con representación en la Cámara que salvaguarda el pacto federal. Fortalecería la deliberación democrática del Senado con una visión que, sin resultar mayoritaria a nivel nacional, significó una parte importante de las preferencias ciudadanas”.

Actualmente, los candidatos que quedan en segundo lugar en elecciones presidenciales no tienen garantizado ningún cargo público. La iniciativa del PRI plantea reformar los artículos 56 y 71 de la Constitución para darles una de las 32 senadurías plurinominales que tiene ese órgano legislativo.

Dado que implica cambios constitucionales, para quedar aprobada la propuesta necesitaría los votos de dos terceras partes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como el respaldo de más de la mitad de los 32 congresos locales.

Obtener ese nivel de apoyo sería un reto para el PRI, que hoy está en la oposición aliado con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que están en minoría frente a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Senado, Morena y sus aliados tienen 60,1% de los asientos por 25% del bloque PAN-PRI-PRD. En la Cámara de Diputados, la relación es 55% a favor de Morena contra 39,4% de la oposición.

Pero aun si la reforma finalmente se aprobara, no podría aplicarse en las elecciones presidenciales de 2024 porque la propia Constitución establece que no pueden hacerse cambios en la materia cuando ya inició un proceso electoral, y el proceso para renovar la Presidencia de México y las dos cámaras del Poder Legislativo comenzó el pasado 7 de septiembre.

::: Opiniones divididas :::

La propuesta de los senadores del PRI divide opiniones incluso entre sus partidos aliados, el PAN y el PRD.

El senador panista Víctor Fuentes dijo a CNN que es “una excelente propuesta” que podría mejorar la representatividad política.

“Todo lo que abone a los gobiernos plurales y a una Constitución representativa de la pluralidad que evidentemente tiene el país, además de que genere sistemas donde todos participen, gobiernos de coalición donde no quede excluido nadie, es bienvenido”, señaló Fuentes.

En contraste, el senador perredista Miguel Ángel Mancera rechazó el planteamiento. Desde su punto de vista, las figuras ya existentes de legisladores de mayoría o de representación proporcional son suficientes para que haya representación, y la propuesta del PRI sería “como premio de consolación”.

César Cravioto, senador de Morena e integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado —el órgano donde se negocian acuerdos en esa cámara—, dijo que no descartaría la propuesta a priori y estaría dispuesto a analizarla.

“Creo que está interesante, habría que revisar pros y contras”, señaló.

El domingo 2 de junio de 2024, México tendrá elecciones federales para renovar su presidencia y sus dos cámaras legislativas. A nivel local también habrá comicios para elegir otras posiciones, entre ellas, las gobernaciones de nueve estados. En total, el próximo año habrá más de 20.000 cargos públicos en disputa.

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