Se deber fortalecer la figura de actividades de apoyo a la comunidad, como un medio para incrementar la conciencia, la participación y la vinculación ciudadana en la materia.
La diputada del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Esthela Damián Peralta, dijo que la iniciativa de Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal, debe de fortalecerse.
La legisladora adelantó que en la propuesta suscrita también por los asambleístas Efraín Morales y Daniel Ordóñez, se concluye que aunque las actividades de apoyo a la comunidad es un recurso reconocido en el marco jurídico de la capital del país, debe reforzarse su implementación toda vez que a la fecha parece que no se está aprovechando.
“En el caso de la ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica reconoce este recurso legal, de hecho en su Artículo 35 las define como la prestación de servicios voluntarios y honoríficos de orientación, limpieza, conservación, restauración u ornato, en lugares localizados en la circunscripción territorial en que se hubiere cometido la infracción”, afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF.
Destacó que dicha reforma, la cual confió sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones, pretende que las actividades de servicio a la comunidad sean una sanción preferente y no una opción permutable a las sanciones previstas en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, como actualmente están contempladas.
“Con lo anterior, se busca concientizar a la sociedad; contribuir a la reconstrucción de tejido social y reinstaurar la cultura cívica como parte de los valores ciudadanos”, señaló.
Sostuvo que es necesario contar con el binomio “autoridad-ciudadanía”, ya que sin el apoyo e involucramiento de la sociedad civil, difícilmente se logrará una prevención al delito eficaz y certera, “otro de los pilares indispensables contemplados en esta iniciativa es que las autoridades recuperen la confianza de la ciudadanía”.
Damián Peralta manifestó que se requiere una Ley Integral de Prevención Social del Delito y la Violencia, que articule los esfuerzos de todas las instancias involucradas, es decir del Gobierno, las delegaciones y la ciudadanía, para efectuar campañas de concientización y coordinación con todos los sectores de la sociedad a través de los Comités Ciudadanos y los Consejos Delegacionales.
“Para trabajar con niños y jóvenes que comprenden el factor de riesgo, en conjunción Gobierno y ciudadanía, para determinar las acciones a realizar e invertir en infraestructura, iluminación de calles y parques, alimentación, educación, vivienda, deporte, cultura, salud y prevención contra las adicciones”, comentó.
Resaltó que el modelo preventivo pretende anticiparse a la consumación del delito, en el que la policía investiga, detecta zonas y sectores sociales donde pueden presentarse conductas delictivas para prevenirlas, por lo que es importante contar con una estricta selección del personal que se dedicará a las tareas de prevención con un enfoque de desarrollo social y respeto a los derechos humanos, “es fundamental que las autoridades que van a desarrollar las actividades de prevención, posean una base sólida de moral disciplina y rectitud”.
“Queremos modificar las penas por faltas administrativas que cometen los ciudadanos, impulsando la implementación de sanciones no solamente pecuniarias o de privación temporal de la libertad, sino establecer el servicio comunitario como sanción”, explicó.
Dejó claro que la delincuencia no se abate con mayores penas, reclusorios o con el aumento en el uso de la fuerza pública, sino que se debe reforzar en la capital del país la visión de que, sólo a través de un trabajo interdisciplinario que incida en la estructura social, podrá allanarse el camino para inducir las conductas de los individuos en parámetros aceptables de convivencia social, atacar las causales de la delincuencia y consolidar la transición de un enfoque reactivo, a uno preventivo.
“Una de las principales características que se ha buscado al diseñar esta iniciativa es que su funcionamiento no requiera mayor burocracia y por lo tanto, se busque su implementación y actuación lo más rápido posible, con los recursos humanos y presupuestales existentes en el Gobierno del Distrito Federal, sin crear más organismos”, concluyó.