Tras afirmar que a nivel nacional hay un muy buen ambiente sobre la urgente necesidad de mejorar el salario mínimo que perciben cerca de siete millones de trabajadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseveró que pronto la ciudad dará este importante paso en la mejora del salario
mínimo, pues la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) denota una “gran fuerza”, actitud receptiva y propositiva para avanzar en la aprobación de las iniciativas que se requieren para lograr tal objetivo.
El ejecutivo local inauguró el Foro “La recuperación del salario mínimo: el papel del Poder Legislativo”, para analizar las iniciativas que han presentado diversos actores políticos para mejorar los ingresos de los mexicanos.
En dicho acto, organizado por la ALDF, Mancera Espinosa aseguró que el gobierno local ya dio un primer paso en la tarea de mejorar las remuneraciones de los capitalinos, por lo que ya se enviaron a este órgano legislativo las iniciativas para la creación de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, que romperá “con cualquier pretexto para poder incrementar el salario mínimo”. Este parámetro se utilizó en países como Uruguay, Brasil, Colombia y Chile, quienes ya han mejorado el salario mínimo que perciben sus trabajadores, así como desvincularlo como unidad de referencia de aproximadamente 180 artículos, de cuatro códigos y 50 leyes locales.
Acompañado también por los coordinadores de los grupos parlamentarios en la ALDF del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Espino Arévalo y del Partido Acción Nacional, Federico Döring; así como del coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Agustín Miguel Alonso Raya, el mandatario capitalino aseguró que se debe dejar atrás cualquier inercia y atender la necesidad que México aclama de reforzar el esquema social. “La gente lo requiere, no podemos seguir con inercias tenemos que trabajar para que a todos nos vaya bien”.
Informó que su Gobierno ya trabaja en un proyecto de iniciativa de reforma a las Leyes de Adquisiciones, de Arrendamientos, de Prestación de Servicios, de Obras Públicas y de Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos, para crear la figura del proveedor salarialmente responsable, ésta permitiría que en las próximas licitaciones se dé como prioridad a aquellas empresas que otorguen un salario mínimo de 82.86 pesos a sus trabajadores.