El Partido de la Revolución Democrática usó su mayoría numérica en la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para impedir que el jefe de Gobierno, los miembros de su gabinete, así como a los jefes delegacionales, diputados locales y funcionarios de la Ciudad de México, hicieran públicas sus declaraciones de situación
patrimonial, precisando la información del valor económico de los bienes muebles e inmuebles con que cuentan y la forma en la que fueron adquiridos, como lo propuso el diputado del GPPAN, Gabriel Gómez del Campo mediante un Punto de Acuerdo.
“El desempeño de la función pública debe ser considerado por todo servidor público como una alta responsabilidad, pues implica la gestión y administración de bienes y servicios para el mayor bienestar de las personas. El servidor público debe realizar su función con honradez, pues su actividad tiene una repercusión social y debe asumir como un compromiso ético que su actuación se conduzca dentro del marco de la ley. Todo funcionario público, iniciando por el jefe de Gobierno del Distrito Federal así como los integrantes de su gabinete, deben hacer pública su declaración de situación patrimonial; no solo por cumplimiento a la Ley, sino por honradez y ética personal, pues comprometerse y faltar a su palabra significa faltar a la verdad”, destaca el documento presentado.
El instrumento legislativo destaca que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró el día 25 de febrero del 2013 a los medios de comunicación que todos los funcionarios de su administración cumplieron con la entrega de su declaración patrimonial ante la Contraloría General; sin embargo, en su caso particular, declinó dar a conocer una versión pública de su patrimonio argumentando motivos de seguridad.
El 14 de enero de 2015, especificando un ejercicio de transparencia, se dieron a conocer las declaraciones patrimoniales del jefe de Gobierno y sus colaboradores. Sin embargo, prevaleció la información escueta y opaca, sin detallar, de montos o la forma en cómo fueron obtenidos los bienes. Tampoco se señalaron beneficiarios o dependientes económicos, ni datos sobre lo que cuenta en el haber de los cónyuges o descendientes de los funcionarios públicos.
“Toda vez que no se conoce lo referente al patrimonio de los cónyuges de los funcionarios señalados, pues la falta de información en este punto, puede prestarse a actos de corrupción, como ha sucedido en casos a nivel federal, resultando con el tiempo en algunos casos que los familiares cuentan con inmuebles de alta plusvalía, autos de lujo o cuentas bancarias, con fondos de los cuales se desconoce su origen”, destaca el documento.
Puntualiza que el Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional (GPPAN), considera que la publicación de la declaración patrimonial de los funcionarios públicos de todos los niveles no debe ser considerada sólo como una opción sino como una obligación legal; que las medidas de control y transparencia no deben estar sujetas a la voluntad política, sino que debe ser una obligación ética, pues es un compromiso con la ciudadanía. Si bien existen datos como el domicilio, los números de cuentas bancarias o los nombres de las empresas que poseen que deben ser reservados, no así los montos de sus bienes.
Recordó que los miembros del GPPAN, desde el inicio de la legislatura, hicieron pública su declaración patrimonial, en un compromiso con la gente, la transparencia y la rendición de cuentas, pues no se trata sólo de cumplir con la ley, sino con la voluntad de avanzar en rubros que la gente demanda.