Patricia Mercado, Jorge Gaviño, José Ramón Amieva, Manuel Granados, Alejandra Barrales, Amalia García y Laura Ballesteros, quienes ocuparán nuevos cargos en el Gobierno del Distrito Federal (GDF) poseen amplia trayectoria en la administración pública.
Patricia Mercado Castro, nombrada titular de la Secretaría de Gobierno, destaca por su labor en el impulso a iniciativas y propuestas a favor de mujeres e igualdad de género.
Nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1957. Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Trabajó en la fábrica de Autobuses DINA, donde formó parte de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Automotrices y es fundadora e integrante de diversas organizaciones no gubernamentales de mujeres.
Es integrante de la Red de Líderes de las Américas y del Consejo Directivo del Instituto de Liderazgo Simonne de Beauvoir y ha publicado diversos textos relacionados con la participación de la mujer en el ámbito social y público.
Formó parte de consejos consultivos a favor de las mujeres, impartió y participó en conferencias nacionales e internacionales y fue candidata a la presidencia de la República por el Partido Alternativa Social Demócrata en las elecciones de 2006.
Jorge Gaviño, nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con diplomados sobre Política Comparada, Gestiones Metropolitanas y Cooperativismo Agrario.
En el servicio público federal se desempeñó en diversos puestos en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SSP), en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Lotería Nacional.
En la administración capitalina fue subdelegado de Política Nacional, delegado político en la delegación Álvaro Obregón, director general y delegado Fiduciario Especial de Vivienda del Distrito Federal (Fividesu) y director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi).
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue representante a la Segunda Asamblea del Distrito Federal y ha sido integrante de Comisiones de Asuntos Laborales y Previsión Social, de Estudios Legislativos, Cultura, Educación, Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, entre otros.
Realiza actividades en los ámbitos académicos, periodísticos con publicaciones de textos como "Reflexiones en el Tiempo": Compendio de Artículos de Prensa publicados como colaboración en los diarios "El Día", "El Excélsior" y "Rumbo de México".
José Ramón Amieva, nombrado secretario de Desarrollo Social, estudió Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan y cuenta con una maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública.
Además cuenta con diplomados en Derecho Penal y Procedimiento Penal Mexicano por la Universidad del Valle de México y en Desarrollo Organizacional por la Universidad Nacional Autónoma de México.
En el ámbito público se ha desempeñado como jefe de lo Contencioso y Obra Pública; subdirector Jurídico y gerente Jurídico en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Gobierno del Distrito Federal.
Fue director Jurídico y coordinador de Legalidad y Normatividad de Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso); asesor Jurídico del secretario de Gobierno del Distrito Federal; coordinador Ejecutivo y de Apoyo Jurídico de la Secretaría Particular del jefe de Gobierno del Distrito Federal, entre otros.
Manuel Granados, nuevo titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con una maestría en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
También fue como asesor y director General Jurídico Adjunto de la Subsecretaría Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria; coordinador de Asesores del procurador de Justicia del Distrito Federal; presidente de la ALDF y diputado local por el Distrito XVI con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, además es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y cursa dos doctorados, uno en Administración Pública en el INAP, y otro en Derecho en la UNAM.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fue vicepresidente de la Comisión Especial de Reclusorios e integrante de las Comisiones de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias; de Hacienda y Notariado, ente otras.
Alejandra Barrales, quien se encargará de la Secretaría de Educación capitalina, cuenta con una destacada trayectoria en los ámbitos político, administrativo, académico y en la iniciativa privada.
Cursó la licenciatura en Derecho y cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).
Fue coordinadora de Gestión Social y secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Michoacán y secretaria de Turismo del Distrito Federal, es miembro del Consejo Académico de la Facultad de Administración de la Universidad Iberoamericana y publica colaboraciones con diversos periódicos.
En tanto, Amalia García, nombrada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, como secretaria del Trabajo, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito político y legislativo, así como colaboradora en medios de comunicación.
Estudió las licenciaturas de Sociología e Historia, fue gobernadora de Zacatecas de 2004 a 2010 y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En el ámbito legislativo fue diputada federal en la LVIII Legislatura; y local en la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fue vocera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros.
Como legisladora de la ALDF 1991-1994, impulsó con otros cinco asambleístas el plebiscito que logró la reforma para que los capitalinos elijan a sus gobernantes, promovió la primera Ley de Derechos Humanos y luchó contra la corrupción policiaca.
En la Cámara de Diputados impulsó con otras legisladoras una reforma para que la violación se considerara delito grave; se tipificara como delito el hostigamiento sexual, y por la reparación del daño a víctimas, promovió iniciativas para una reforma política y la democratización del país.
Dentro del Senado de la República impulsó la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, y trabajó también en iniciativas a favor de los migrantes.