La Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) cierra el año con un total de 410 millones de pesos por concepto de sanciones administrativas impuestas y el abatimiento del rezago en resoluciones de 595 sanciones en contra del mismo número
de servidores públicos.
Como resultado de los procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores públicos, la CGDF informó que en un quinto bloque se ejecutaron 620 nuevas sanciones administrativas a 610 servidores públicos, adscritos a delegaciones, entidades así como dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal (APDF).
Las sanciones van desde apercibimientos, amonestaciones, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones para desempeñarse en el servicio público.
En Dependencias y Órganos Desconcentrados se sancionó a 438 servidores públicos, en delegaciones a 125 y en Entidades a 47.
Entre las sanciones más relevantes se encuentran: la delegación Cuajimalpa de Morelos con dos directores generales con inhabilitación por tres años; delegación Magdalena Contreras, director general, inhabilitación por cinco años; delegación Miguel Hidalgo, dos directores generales, inhabilitación por un año.
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, director general, destitución e inhabilitación por dos años; Secretaría de Seguridad Pública, director general, inhabilitación por 15 años; dos directores ejecutivos con inhabilitación por 15 años; director de área, inhabilitación por 15 años; Secretaría de Cultura, director de área, inhabilitación por un año.
La CGDF sancionó a 20 servidores públicos, fijó por concepto de sanciones económicas un total de 61 millones 600 mil pesos; destituyó a 12 de ellos e inhabilitó a 51 de sus funciones, por periodos de tiempo que van desde uno hasta 10 años; suspendió a 507 servidores públicos con sanciones de entre tres y hasta 90 días en sueldo y funciones, en su empleo, cargo o comisión actual, y giró 55 amonestaciones públicas para igual número de servidores públicos.
Informó también que para el año 2016 ya se encuentra trazada la ruta para llevar a cabo su Programa Anual de Auditoría, poniendo énfasis al proceso de fiscalización en tiempo real, para verificar el estricto cumplimiento a los contratos de adquisiciones, obras y servicios que se celebren con la Administración Pública de la capital.